El próximo 15 y 16 de mayo elegiremos, por primera vez en nuestra historia, gobernadores en las 16 regiones del país. A pesar de este relevante hecho, a días de que comiencen el ejercicio de su función, persisten 3 situaciones de forma y fondo que atentan contra la dignidad de este nuevo cargo.
Primero ¿Qué pensaría usted si es electo entre sus pares para asumir el cargo más importante de una institución, y lo mandan a la oficina del fondo o del subterráneo, o derechamente no tiene oficina? Más aún, la oficina que ocupa el jefe, y que por derecho a usted le corresponde, la seguirá ocupando el designado por el directorio y no quien eligieron democráticamente los miembros de la institución.
Esto es más o menos lo que pasará en algunas regiones con muchos de los (as) gobernadores (as) regionales. El espacio físico que ocupan los actuales intendentes regionales seguirá siendo ocupado por el delegado (a) presidencial regional, mientras que los gobernadores en algunas regiones ni siquiera tienen certeza donde tendrán su oficina. Las razones que se argumentan por parte del gobierno son administrativas, de bienes nacionales, lo cual denota nulos esfuerzos por corregir esta anomalía simbólica del poder político regional. Esta es una situación patética, de una displicencia humillante para la dignidad del cargo regional, que decepciona estando a pocos días de concretar algo que hace años ya se sabe que será una realidad.
Segundo. La esperada ley de rentas regionales, que se esperaba permitiera fortalecer desde el inicio del mandato el rol de estas nuevas autoridades regionales, aún no se hace realidad en el Congreso. El proyecto de descentralización financiera, enviado por el Gobierno en septiembre del año pasado, trae consigo una serie de imperfecciones y ambigüedades que no dan certeza de donde se obtendrían los recursos para los nuevos fondos regionales propuestos.
Además, con este proyecto se fortalece el rol de "gendarme" de la Dirección de Presupuestos, sumando en esa función a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Lo cierto es que lo menos que requieren los nuevos gobiernos regionales en este nuevo contexto son vigilancias o castigos de parte de los niveles centrales de Gobierno, muy por el contrario, requieren acompañamiento y apoyo, mucho apoyo.
Tercero. La llamada ley corta de fortalecimiento a la regionalización se ha extendido demasiado en su etapa de discusión en el Parlamento. Esta ley corta se propuso para corregir algunos aspectos de la reforma y leyes aprobadas entre 2017 y 2018. Es sabido que la reforma a la descentralización trajo consigo algunas anomalías, por ejemplo, que en vez de tener una autoridad regional vamos a tener dos. Una electa por la ciudadanía (gobernador regional) y otra designada por el Presidente de la República (delegado presidencial regional). Ambas autoridades tendrán atribuciones similares de gestión y coordinación regional en servicios públicos descentralizados y desconcentrados que tienen incidencia en el desarrollo territorial.
Esta cohabitación traerá consigo una serie de inconvenientes en materia de coordinación y gestión con estos servicios públicos, lo cual y entre otras cosas, se esperaba fueran corregidas con esta ley corta. Por ejemplo, incorporando incentivos a la colaboración y coordinación entre estas dos nuevas autoridades, por ello que es muy relevante que esta ley se apruebe pronto para que éste y otros temas controversiales, queden zanjados antes de que se instalen las nuevas autoridades regionales.
Como consecuencia, el contexto institucional y fiscal que espera a las nuevas autoridades regionales es altamente adverso, es probable que con mucho apoyo ciudadano pero con muy poco apoyo institucional para cumplir su función.
Será épica su instalación, si lo será, básicamente porque serán los primeros en abrir un camino añorado por muchos y por largo tiempo. Pero por esta misma razón se requería de una anticipación política, que ya no se hizo.
Parece que se sigue entendiendo que vivir y habitar en regiones es sinónimo de "hacer patria", pero en condiciones adversas, sufriendo, suplicando por ayuda. Espero que a partir de julio los primeros que saquen la voz por las regiones sean los propios gobernadores regionales, con apoyo ciudadano, para darle legitimidad y dignidad al cargo.
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