El inmovilismo frente a la urgencia
La oposición ha escogido como una de sus estrategias principales el negarse a legislar. Tienen al frente un gobierno sin mayoría parlamentaria y un escenario favorable a las posiciones más críticas del Ejecutivo, pero escogen -simplemente- el inmovilismo. ¿Con qué excusa? La fundamentación parece ser para ellos poco relevante; el disgusto con algún ministro, las opiniones sobre el caso Macaya, la posición del gobierno sobre los derechos sexuales y reproductivos de las chilenas, etc. El asunto es evitar el buen funcionamiento de un poder del Estado y es que más que ganar el debate, el objetivo pareciera ser no dar ninguno.
"Votar letra por letra" más de 800 indicaciones y 375 artículos exigía la UDI para retrasar la discusión de la ley de pesca (incluyendo el intento de censura de su presidencia); micrófonos abiertos en el Senado destaparon el acuerdo entre senadores de RN para retrasar el debate de ley que regula a los notarios; hubo que hacer un acuerdo ad hoc para votar recién en enero de 2025 la reforma de pensiones -en caso de que no inventen una nueva excusa-. El senador Rodrigo Galilea (RN) ya reconocía que hay quienes quieren "un inmovilismo total". Me parece claro de qué sector estamos hablando.
Si nos detenemos en otra de las urgencias de los chilenos y hablamos de seguridad, resulta preocupante e inverosímil que el proyecto presentado por el Gobierno que fortalece el rol de los municipios en materia de prevención del delito y seguridad pública siga detenido en el Senado, a manos, en esta oportunidad, de RN.
Un proyecto presentado tras un amplio diálogo con asociaciones de municipalidades, demandado transversalmente por alcaldes y alcaldesas de todos los sectores políticos, que persigue, entre otras cosas, incorporar nuevas atribuciones para estas instituciones, reducir la disparidad de recursos y herramientas que hoy existe entre las municipios para estos fines, además de proteger a las y los funcionarios dedicados a la seguridad.
Forma parte de la agenda priorizada en el "Compromiso Transversal por la Seguridad" y considera la creación de un Fondo Plurianual para la Seguridad Ciudadana de US$350 millones anuales por tres años o una nueva línea programática orientada al financiamiento de equipamiento en las municipalidades que lo necesiten por $5.100 millones de pesos.
Esta inyección de recursos es especialmente importante cuando, según datos de una reciente investigación de los académicos Claudio Fuentes y Pedro Valenzuela, sabemos, por ejemplo, que comunas como Las Condes, Santiago, Vitacura y Providencia concentran 30% de las cámaras de vigilancia de todos los municipios. O conociendo la realidad de Antofagasta, que es la región con menos funcionarios municipales por cada 100 mil habitantes dedicados a labores de seguridad, pero una de las 10 primeras en los índices de vulnerabilidad socio delictual, según cifras del Ministerio del Interior.
Es inentendible que una iniciativa así de urgente no avance. Ya en el Encuentro Nacional de la Empresa 2024 (Enade) se abría el diálogo con una sesión "contra el inmovilismo" y parece que ese mensaje aún no llega a quienes debe. Mientras tanto, aquellos que no pueden darse el lujo de quedar paralizados, siguen esperando respuestas.
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