El reconocimiento sustantivo de los pueblos indígenas
Hace unas semanas, una organización de mujeres indígenas me invitó a un encuentro en la ciudad de Arica para exponer sobre el postergado reconocimiento de los pueblos indígenas en Chile. Una de las participantes alzó la voz y me preguntó qué pasaría con el proceso constituyente: “nosotras nos reunimos aquí, hicimos propuestas. ¿Qué pasará con todo aquello?” me interrogó.
“Lo más probable es que no pase nada”, le respondí.
La frustración será grande para los indígenas. En los dos últimos años se desarrolló un inédito proceso de deliberación y consulta a los pueblos indígenas sobre su propio reconocimiento constitucional.
Existieron dos etapas, un proceso constituyente indígena donde participaron poco más de 17 mil indígenas y un segundo momento en donde el gobierno de Bachelet realizó una consulta para el reconocimiento constitucional de los derechos de pueblos indígenas y en la que participaron 619 representantes indígenas.
El 21 de octubre de 2017, después de un proceso no exento de dificultades, se estableció un acta que contenía acuerdos totales, parciales y desacuerdos entre el gobierno y los representantes indígenas. Como en algunos temas no hubo acuerdos, se buscó un entendimiento. El 3 de noviembre la asamblea acordó terminar la jornada sin alcanzar un acuerdo con el gobierno. Las diferencias se centraban en los temas de la plurinacionalidad, el territorio y la consulta.
Antes de terminar su mandato, el gobierno de Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley donde se estipulaba un reconocimiento genérico. Se indicaba que, “El Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan el territorio como parte de la nación chilena”. El Estado se obligaba a promover y respetar su integridad, sus derechos y su cultura.
Se trata así de un reconocimiento contradictorio donde se decía por una parte que son un colectivo con identidad propia (“pueblos”), pero inmediatamente se indicaba que pertenecen a la nación chilena. Es un reconocimiento centrado en lo cultural y que por lo tanto elude los debates fundamentales que los propios pueblos indígenas destacaron en el proceso constituyente: el reconocimiento en tanto naciones, el reconocimiento de territorios indígenas y el derecho a la autodeterminación.
En aquel documento existía acuerdo total respecto del reconocimiento de la pre-existencia de los pueblos indígenas que habitan el Estado y que para dichos pueblos la tierra y el territorio son un fundamento principal de su existencia y cultura. Nada de aquello se mencionó en la propuesta de Bachelet.
También se acordó respetar la autonomía de los pueblos siempre que no sea incompatible con los derechos fundamentales de la nueva Constitución.
En el texto de la propuesta de Bachelet solo se habla de la educación, los derechos culturales y lingüísticos y el patrimonio material e inmaterial así como sus emblemas. Se excluyó la mención al respeto de la autonomía y de las autoridades ancestrales. No se incluyó el reconocimiento de las lenguas indígenas como oficiales en los territorios que habitan, cuestión que también había generado consenso.
El gobierno de Sebastián Piñera ha retomado esta agenda. El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, planteó de hecho el reconocimiento constitucional como parte de los temas que se abordarán en los próximos meses. Pero, ¿de qué tipo de reconocimiento estamos hablando?
El Programa de su gobierno habla de promover el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas pero, al igual que el gobierno de Bachelet, sostiene que “la nación chilena reconoce en los pueblos indígenas un elemento relevante de lo que caracteriza a nuestra identidad, tanto en nuestra cultura, nuestras tradiciones como en nuestra historia”. Se trata así de un reconocimiento “cultural”, casi folclórico y asimilado a la pertenencia a un todo general que se denomina la “nación chilena”.
El reconocimiento que propicia la nueva administración no difiere mucho de la, en realidad, extremadamente conservadora propuesta del gobierno anterior. Este “reconocimiento” no incluye los aspectos centrales de la demanda indígena que se plasmó en el proceso constituyente y que se asocia con la autodeterminación, el autogobierno, el pluralismo jurídico, la protección de los recursos naturales y el territorio, entre otros vitales elementos.
Volviendo a la preocupación planteada por la dirigenta indígena en Arica, tendremos que colocar mucha atención al modo en que la nueva administración abordará el tema del reconocimiento.
¿Se tratará de un reconocimiento donde se acepta la autodeterminación de los pueblos indígenas como la piedra angular de un nuevo trato?
¿O, más bien, será un reconocimiento vacío, que subsume a los pueblos indígenas a la nación chilena como ha venido sucediendo en las últimas décadas?
La pregunta crucial a responder es el tipo de reconocimiento que se plantea promover, uno sustantivo que aborda las dimensiones políticas, culturales, territoriales y económicas o un reconocimiento vacío que será en un gesto simbólico y hasta casi “folclórico” que no altera en lo sustantivo el despojo que han sido objeto dichos pueblos.
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