La ola feminista se ha instalado en diferentes países en el mundo. Desde España a Chile, de Argentina a Filipinas, las mujeres de manera innovadora, sensible, pero al mismo tiempo determinante han logrado visibilizar históricas demandas que no formaban parte del repertorio de temas que los partidos y organizaciones políticas han considerado. Para ello, se han utilizado repertorios de acción colectiva y consecuentemente que los temas de género estén en la agenda pública hace varias semanas.
En Chile las demandas se han manifestado como exigencias por una educación no sexista, aborto libre, la igualdad de género y terminar con la violencia hacia nosotras. Cada demanda y/o denuncia es dirigida a las instituciones y sus representantes, quienes de buena o mala forma han tenido que responder a estos emplazamientos.
En el caso del poder Ejecutivo, al parecer no existe capacidad para entender que está pasando, porque cada una de las decisiones ha ido en contra de las demandas del feminismo.
El cambio al protocolo de objeción de conciencia, la no respuesta a las demandas en su primera cuenta pública, la “mejora” de las condiciones de las mujeres en el sistema de ISAPRES donde se pretende igualar los planes aumentando los costos a los hombres y como el presidente Piñera ha usado en más de una oportunidad, a pesar de las críticas, un lenguaje equivocado para referirse a las mujeres.
Para acrecentar sus problemas, cuando el gobierno logró sintonizar con una demanda, que es poner fin a la educación diferenciada por sexo en los colegios con financiamiento público, su coalición vota en contra.
Estas situaciones develan que el Gobierno no ha logrado comprender cómo responder hacia lo que se pide, por lo tanto, el movimiento social está decidido a continuar sus movilizaciones. En definitiva, el gobierno está en jaque.
El poder legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, ha vivido una propia ola feminista. Desde que Inés Enríquez (P. Radical) en 1951 y Lía Lafaye (P. Femenino) en 1953 asumen como diputadas, las mujeres comenzaron a avanzar en su representación, aunque con una baja tasa, y por ello siempre en una posición de desventaja a la hora de tomar decisiones políticas.
En el período legislativo 1990–1994, las diputadas eran el 5,83%; para el período siguiente fueron el 6,67%.
En 1998-2002 llegan al 10,8, el período siguiente, 2002-2006 fueron el 12,5% y el periodo 2006-2010 fueron el 15%.
Esta última cifra se incrementa levemente para el período siguiente llegando al 15.83%.
Producto del nuevo sistema de elección proporcional e inclusivo y la ley de cuotas, las mujeres en la Cámara de Diputados aumentaron a 22,6%. Sigue siendo bajo, pero es un gran avance.
Si bien, el aumento de mujeres en cargos de representación ayuda a empujar acciones a favor del género, no necesariamente todas las diputadas están a favor de estas demandas. Pero, en el caso de la actual composición de la cámara ha habido una intención de lograr una sintonía con las posiciones feministas.
Por lo tanto, es digno de reivindicar el trabajo de diputadas, que han impulsado una serie de iniciativas y empujado al Congreso para legislar en función de estas perspectivas. El movimiento feminista logró que varias mujeres congresistas también dieran jaque en el Congreso.
El caso del Poder Judicial es sobre la baja participación de mujeres y el criterio de los jueces para creer o no a una víctima. Este criterio tiene que ver directamente con estereotipos de discriminación.
Lorena Cayuhan fue forzada a dar a luz engrillada y Karen Atala, alejada de sus hijos por ser lesbiana, ambos hechos son ejemplos de mujeres expuestas a deslegitimaciones en sus casos.
El jaque del feminismo a este poder es la exigencia de incorporar políticas de género con criterios antidiscriminatorios y que garanticen el cumplimiento de las normas sin pasar a llevar la situación de las mujeres.
El debate sobre la igualdad de género está presente en Chile y en el mundo gracias a la movilización social feminista, lo cual es esperanzador porque los triunfos caminan hacia equilibrar aspectos culturales, de salud, educativos y políticos, donde los tres poderes del Estado están en jaque.
Esto ha impulsado a que el Estado en su conjunto tome posición y tenga que referirse a este tópico.
Sin duda, este movimiento le ha hecho bien a nuestra sociedad, que también tiene la responsabilidad y el rol de movilizarse, exigir y denunciar, para que las futuras generaciones tengan la posibilidad de vivir en un país que garantice a las mujeres un pleno derecho a decidir, que no existan situaciones de vulneración y/o violencia, que tanto en la vida pública como en la privada el rol de la mujer sea respetado, reconocido, validado y equiparado al que tienen los hombres.
Los esfuerzos tenemos que multiplicarlos, para que en el mundo exista finalmente un jaque mate a la histórica desigualdad entre hombres y mujeres. We can do it.
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