Gobiernos regionales y sus no primarias legales, pistas interpretativas

José Orellana

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^{Coescrita con Hernán García Moresco, licenciado en Educación en Matemática y Computación, diplomado en Big Data y diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública}

Que mejor noticia para el oficialismo y la Democracia Cristiana informar que hubo acuerdo en las municipales respecto de cómo definir a alcaldesa/es, vía primarias en algunos casos, acuerdo político a puertas abiertas en otros, conformando el inédito pacto electoral municipal que va desde PC-Frente amplio hasta la DC (Contigo Chile Mejora).

Esto, mientras en la vereda derecha, pocos avances de unidad se observan y sin mucha esperanza de aglutinar su gran arco entre Chile Vamos (Mathei) y Republicanos (Kast), imposibilitando lo que antaño era la debilidad del actual oficialismo: Enfrentar una justa electoral en unidad. Es más, lo mismo en las listas de concejalías municipales, donde el oficialismo se dispuso con diferenciadas combinaciones, con espíritu de convocatoria y apertura a la diversidad.

Si bien los procesos de acuerdos entre partidos están en desarrollo, no es menos cierto que gran ausentes en este proceso han sido los gobiernos regionales, sobre todo en su versión de gobernaciones, aunque un poco más, las consejerías regionales, ello en ambos lados de la calle. Esto, en el marco de la implementación de la ley N° 21.073 que busca implementar gobernabilidad y gobernanza en la escala regional cuando de gobierno se refiere⁽¹⁾.

Lo anterior se enfrenta sin la derogación de la delegación presidencial regional y con voto obligatorio, exigiéndoles a las personas con vocación de servicio público un esfuerzo supremo para votar. Pues, luchan, además de la competencia entre candidaturas al cargo a la gobernación, contra el Estado, en el marco de una opacada y casi dual gestión pública, al tener una delegación presidencial regional sin contrapeso (consejo y gobernación regional).

Lograr acuerdos en esta materia (gobernadores/as) implicará una vez más ampliar y fortalecer la unidad del sector y ampliar las proyecciones que tiene el cargo, toda vez que un candidato que alcance más del 40% de la votación en una región tan amplia como la Metropolitana (cerca de 2 millones de votos), implica una cifra superior a cualquier otro escaño de representación pública, abriendo la puerta a eventuales aspiraciones presidenciales o bien congresales. Por ello la importancia del cargo y su representación en cada región.

Por ende, esta representación ciudadana se entrecruza con la necesaria descentralización en la tricontinentalidad nacional, pues cada territorio no solo se diferencia en lo cultural, sino en la necesidad de desligarse del centralismo cultural en el cual se organiza la cultura política nacional -proveniente desde la Colonia- agregándose dificultades técnicas referidas a las imposibilidades instrumentales para ejercer adecuadamente la función, adicionándose el "temor-atrofia política" que podría generar la cesión de poder a los gobiernos subnacionales y así un largo etc., que decanta en NO avances descentralizadores, sino más bien en un estancamiento del proceso en marcha.

En este contexto, la descentralización del Estado conlleva relaciones espaciales de poder complejas, implicando redistribución del mismo sin más, detonando reacciones en las actorías institucionales-territoriales interesadas y, por tanto, siguientes acciones racionales para encontrar el mejor momento de avance o detención. Solo así se explicaría, en parte por qué no se ha avanzado a la velocidad requerida para derogar las delegaciones regionales presidenciales. Es un cálculo, que cuando no se está en el poder no se puede realizar. Estándolo, se hace, aplicándose hasta la teoría de la Ley de Hierro de Las Oligarquías de los Partidos Políticos u organizaciones en general, para hacer o no hacer, en estas materias.

Dicho lo anterior, los procesos electorales en curso generan un grado de incertidumbre de no mostrar ante la ciudadanía con toda solides, candidatos/as que representen a todo un sector-territorio. Pues, esto no implica que los partidos en su representación regional, lleguen a acuerdos. Sin embargo, por distintas razones, entre otras legales, los pactos ante Servel son nacionales y eso otorga a las direcciones partidarias nacionales el rol de concordar en los acuerdos de candidaturas (por el contrario de lo que se esperaría)⁽²⁾.

En las diferentes regiones, las/os gobernadoras/es, con el sistema electoral vigente, no necesariamente tienen asegurada su relección si los pactos (izquierda vs. derecha) se amplían o se subdividen, conformando las mejores posibilidades para enfrentar segundas vueltas en casi todas aquellas regiones que no presenten candidaturas unitarias. Como consecuencia, la búsqueda de acuerdos exigiría en este nivel materializar un solo nombre (sin pasar por primarias convencionales o competir para re-unirse en una segunda vuelta). Eso reviste de legitimidad política para la elección regional y su proyección hacia otras escalas.

Por ello, hay que reconocer que la urgencia de lograr acuerdo en las elecciones locales vs. las regionales, obedecería también a una cuestión de números, no es lo mismo elegir entre miles de autoridades para alcaldías y concejales a unos cientos de regionales a propósito de gobernaciones y consejerías regionales. En fin, la cosa pública regional en estas materias que se comentan en esta opinión, son más desafiantes que lo que parecen desde lo político-electoral, hecho que invita a tener mucha sensibilidad y voluntad por los procesos descentralizadores bien diseñados y mejor ejecutados.

^{(1) Ley N° 21.073 que Regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales
(2) Ley N° 18.603 Orgánica Constitucional de los partidos políticos}