Hablar veraz, profundizar la discusión

Paulina Vodanovic Rojas

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La democracia descansa sobre una premisa aparentemente simple, pero extraordinariamente frágil: la posibilidad de que los ciudadanos compartan un espacio común donde la realidad pueda ser discutida. Ese espacio (esfera pública) supone algo más que libertad de expresión. Supone también un compromiso mínimo con la verdad, y con la disposición a dar cuenta de los fundamentos de las afirmaciones. Ese compromiso parece hoy debilitado.

Desde hace algunos años se habla con insistencia de la "posverdad", un concepto que intenta describir un fenómeno inquietante: el momento en que los hechos objetivos pierden peso frente a las emociones, las identidades o los relatos que cada grupo construye para sí mismo. No se trata simplemente de la mentira política sino de algo más profundo, es la erosión de la distinción misma entre verdad y falsedad en la conversación pública, acompañada de la trivialización y banalización del discurso.

Hannah Arendt advertía ya en los años '60 que la mentira organizada podía convertirse en un instrumento estructural de la política moderna. Pero incluso en ese contexto -decía la filósofa alemana- la mentira necesitaba todavía reconocer la existencia de la verdad que intentaba ocultar. El fenómeno contemporáneo parece ir más lejos: lo que se debilita no es solo la veracidad de los discursos públicos, sino la propia idea de que exista una realidad común sobre la cual discutir. Vivimos en tiempos "hiperpolíticos", al decir de Anton Jäger, en los cuales la estridencia y la banalidad han reemplazado la tarea de organizar voluntades colectivas en torno a una idea de bien común.

El resultado es una esfera pública fragmentada, donde los hechos mismos se vuelven irrelevantes ante la necesidad de exagerar cada punto para obtener un beneficio pequeño. .

Las transformaciones tecnológicas han acelerado este proceso. Durante mucho tiempo se creyó que internet ampliaría las posibilidades deliberativas de la democracia. Sin embargo, lo que hoy observamos es también el surgimiento de dinámicas que refuerzan la liviandad del debate: comunidades cerradas, algoritmos que premian la indignación y una comunicación política cada vez más orientada al impacto emocional antes que a la persuasión racional, relegando las elaboraciones políticas de mayor profundidad a un sitial incluso de inutilidad.

En ese contexto, la política corre el riesgo de convertirse en mero espectáculo. Gran parte de la comunicación política contemporánea parece desplazarse peligrosamente hacia ese terreno. En "El buen gobierno", Pierre Rosanvallon recuerda que la tradición republicana siempre entendió la palabra pública como una responsabilidad: el imperativo de apelar a una idea de bien común fundamentada en principios recíprocamente inteligibles.

Hoy, en cambio, la palabra pública parece cada vez más capturada por la lógica de la simplificación, la exageración o la descalificación del adversario. En lugar de argumentación, proliferan consignas. En lugar de deliberación, monólogos enfrentados. En lugar de desacuerdos razonados, una guerra permanente de narrativas.

Pero hay un problema más profundo. Cuando la verdad y los argumentos de fondo dejan de importar, la política deja de ser deliberación y se convierte en pura competencia por el poder. No porque quienes participen en política sean naturalmente malintencionados, sino por la estructura de incentivos que ella, sometida a dichas transformaciones, dispone.

La tentación demagógica aparece entonces en todo el espectro político. Promesas que ignoran las restricciones de la realidad, diagnósticos diseñados para movilizar indignación antes que para comprender problemas, cifras manipuladas para reforzar identidades políticas y un uso cada vez más instrumental de la comunicación pública.

El fenómeno no pertenece a un solo sector. Se alimenta de la polarización, de la lógica electoral permanente y de un ecosistema mediático que muchas veces premia la estridencia antes que la seriedad. El resultado es una paradoja inquietante: mientras las sociedades se vuelven más complejas y los problemas públicos exigen diagnósticos más rigurosos, el debate político se vuelve cada vez más vulgar.

Como recordaba Jürgen Habermas, la legitimidad democrática no depende únicamente de los procedimientos electorales, sino también de la calidad del debate público que precede a las decisiones colectivas. Cuando ese debate se degrada, cuando la palabra pública pierde credibilidad, la democracia comienza lentamente a erosionarse desde dentro.

Chile no está al margen de estas transformaciones. La polarización discursiva, la espectacularización de la política y la creciente desconfianza hacia las instituciones son síntomas visibles de una esfera pública tensionada. Las redes sociales amplifican el fenómeno, pero el problema no nace en ellas: nace en la renuncia de muchos actores políticos a la responsabilidad que implica expresar posiciones en público.

Porque hablar en democracia no es solo opinar. Es también asumir una responsabilidad frente al resto de la ciudadanía, y frente a la realidad misma.

Hablar con la verdad implica reconocer límites, explicar complejidades y resistir la tentación de prometer aquello que se sabe imposible. Implica también aceptar que el adversario político no es un enemigo moral, sino parte de la misma comunidad política. Nada de eso resulta especialmente rentable en tiempos de polarización.

Pero las repúblicas no se sostienen sobre la rentabilidad inmediata de la política, sino sobre ciertas virtudes cívicas que permiten que el conflicto democrático no destruya el espacio común que lo hace posible. La franqueza del lenguaje fue considerada durante siglos una virtud republicana. Hoy parece haberse convertido, más bien, en una rareza.

Tal vez por eso, en tiempos de "posverdad", buscar la verdad no sea solo una virtud moral, sino una condición de posibilidad para recomponer las grietas sociales que amenazan con una desintegración irreversible de nuestra vida colectiva. .

En un país que enfrenta desafíos complejos -desde la seguridad hasta el crecimiento económico, desde la desigualdad territorial hasta la crisis de confianza institucional- la política no puede seguir refugiándose en consignas fáciles, promesas imposibles o caricaturas del adversario. La ciudadanía merece algo más que espectáculo. Merece ser tratada como una comunidad de ciudadanos capaces de comprender la complejidad de los problemas públicos.

Si queremos reconstruir la confianza pública y fortalecer nuestra democracia, tal vez ha llegado el momento de recuperar una convicción sencilla, pero exigente: que la política debe hablar con franqueza sobre la realidad del país. Hablar veraz y profundizar la discusión por el bien de Chile.