La UDI fiel a su tradición autoritaria, quiere ahora postergar las elecciones directas de Gobernadores Regionales aprobadas para el año 2020 junto a alcaldes y concejales.
La razón esgrimida tiene más olor a cálculo político que a verdadero interés por la Regionalización y Descentralización del país. El viejo temor de la derecha a los cambios: es mejor mantener todo igual como está, se expresa una vez más.
La ley aprobada para elección directa de los Gobernadores Regionales, consagra un conjunto amplio de nuevas facultades en temas de ordenamiento territorial, transporte público, conurbaciones, definición de zonas aisladas, planes de tratamiento de residuos, nuevas divisiones que permitirán que los temas de fomento, turismo y los del área social tengan una mirada y un control desde lo regional para un Chile que se muestra diverso en su territorio.
La verdadera obligación constitucional que tiene este gobierno, es la de elaborar los reglamentos necesarios para darle carácter ejecutivo a las leyes aprobadas durante 2018, en lo que se encuentra en franco atraso y desobediencia.
El tema que esperabámos todos los chilenos que se discutiera y aprobara en el Congreso es la Ley de financiamiento Regional y responsabildad fiscal, un cuerpo legal necesario para asegurar el éxito de los nuevos gobiernos regionales. De eso no hay noticias. Porque no existe voluntad política de dotar a las regiones de nuevos instrumentos que vayan haciendo retroceder el oscuro panorama de inequidades que se observa en nuestro territorio.
La Presidenta Bachelet dejó muy avanzadas las propuestas sobre estos temas pendientes, si no gustan es obligación presentar alternativas, modificando total o parcialmente lo ya elaborado, pero cumplir con los plazos legalmente establecidos.
Sería más interesante que la UDI estuviera dispuesta a instalar la discusión sobre nuevas facultades que se pueden traspasar a los gobiernos regionales, para dotar de mayores instrumentos a los gobiernos electos. Las leyes se pueden mejorar sin postergar su calendario de implementación.
El mayor desafío de los próximos años es junto a la instalación de los nuevos gobiernos regionales, aprobar un nuevo cuerpo legal sobre financiamiento regional y responsabilidad fiscal, con facultades para endeudamiento, ingreso al mercado de capitales, modernización del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, creación de un fondo o varios, que vayan a combatir la desigualdad inter e intra regionales.
Y la segunda parte tiene que ver con como incorporamos la responsabilidad fiscal para Gobernadores, Consejeros regionales y Ejecutivo del Gobierno Regional.
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