La alternativa constitucional para una nueva Carta Magna

Juan Castro Prieto

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Una nueva Constitución debería preparar al país para atravesar tiempos de cambio social y crisis globales. Sin embargo, el texto del proyecto constitucional entregado por la Convención no aborda los asuntos que más preocupan a la ciudadanía, no cumple con las altas expectativas generadas, ni con los estándares técnicos necesarios de la Ciencia Política ni el Derecho Constitucional. Ante esta situación, en el plebiscito de salida, la opción rechazo adquiere nuevo sentido, mientras que aprobar significa un riesgo o por lo menos una oportunidad perdida.

Varios expertos y organizaciones especializadas en Derecho Constitucional, nacionales e internacionales, ya aportaron y siguen ofrecido su asesoría, pero todas fueron rechazadas y desoídas desde la Convención Constituyente.

La alternativa de constituir un equipo de expertos y de académicos especializados para asumir el trabajo de elaborar un texto constitucional es tan oportuno como necesario, y una oportunidad para tener una Constitución que aborde el escenario que enfrentamos como país con sentido de realismo y apegado a Derecho.

Chile necesita una nueva Constitución que nos permita atravesar con éxito el nuevo escenario, que aborda los problemas que preocupan a la ciudadanía, y que cumplan tales expectativas con los mejores estándares técnicos disponibles, dejando de lado ideologías extremas y utópicas.

Necesitamos el aporte de nuestros expertos, seleccionados de forma imparcial y transparente, cuyo trabajo se realice de cara al público y cuya propuesta de texto sea legitimada por un proceso democrático de sufragio popular.

Una propuesta deficiente

Las serias deficiencias constatadas en el texto de órgano constituyente han dejado de constituir un mero discurso propagandístico del mundo del rechazo, pues son reconocidas ampliamente por todos los sectores, incluso dentro de la Convención.

Tales deficiencias generan incertidumbre y abren la posibilidad de que la nueva Constitución sea inviable (tanto económica como legalmente), y que sea inaplicable para resolver los desafíos y problemas que la sociedad enfrenta, al estar enfocada en parte en establecer imperativos éticos o culturales en lugar de normas efectivas. En particular:

• El texto propuesto no abordó los problemas centrales que motivaron su creación: pensiones, salud, educación, seguridad, vivienda y crisis económica
• Carencias técnicas. El texto tiene un bajo estándar y poca rigurosidad, pues los miembros que conformaron comisiones claves para el desarrollo socio-económico del país han revelado profundo desconocimiento en las materias discutidas.
• Ni reflexividad ni planificación. Al contrario, el resultado de las votaciones sobre las normas más importantes (sistema político, judicial, economía) fueron el resultado de negociaciones improvisadas y redacciones de última hora, las que se enmarcaron en la denominada "cocina", cediendo posturas entre los grupos de izquierdas que conformaron la mayoría de la integración de la convención
• Ni comunicación ni participación. A pesar de haber anunciado que la discusión se haría de cara a la ciudadanía, en la práctica, la discusión no fue debidamente comunicada a la opinión pública, que se enteró por la prensa de los resultados. Por otra parte, en esta etapa los convencionales se dedican a decir las palabras que consideran atractivas para la población, omitiendo los alcances de muchas temáticas (ej. Estado social y democrático de derechos... se omite que describe al Estado como PLURINACIONAL)
• Intolerancia y totalitarismo. Las fracciones descolgadas persistieron en imponer imperativos éticos conceptualmente precarios en la redacción, sin considerar que resultan inaplicables y muchas veces contradictorios. Al mismo tiempo, bloquearon iniciativas moderadas que buscaban allanar caminos de factibilidad para lograr los objetivos requeridos. Se ha realizado un mal uso del reglamento para despertar temas que ya habían sido rechazados por el pleno, por medio de subterfugios
• La mayoría de las normas representan las voluntades de los mismos miembros de la Convención, pero no representan la voluntad de pueblo chileno. La ciudadanía no quiere refundar Chile
• Muchas normas dejan abierta su interpretación, tarea quedaría en manos del Parlamento y la clase política, profundamente deslegitimada, siendo que, en principio, la intención fue generar una instancia alternativa para diseñar el texto. Sin perjuicio de ello, la Comisión de Normas Transitorias aún desea colocar más "cerrojos", impidiéndole al Congreso modificar este texto en caso de ser aprobado en el plebiscito hasta el 2026.