La elección directa de Gobernadores y Consejeros es descentralización política
Desde hace un tiempo se abrió la discusión sobre posponer la elección de los “Gobernadores Regionales”, hito que estaba programado para el año 2020 y que ahora está programada para abril de 2021, junto a la elección municipal de alcaldes y concejales, y que en el actual contexto, agrega adicionalmente una eventual elección de miembros del proceso constituyente, en caso de aprobarse la Convención Constitucional en el Plebiscito que era en abril y que ahora es en octubre.
Este hito es relevante e impostergable, aplazarlo sería romper una promesa con la ciudadanía, y un retroceso que corona el lento progreso que ha tenido la implementación de la nueva institucionalidad de los Gobiernos Regionales a partir de la aprobación de la ley 21.074 de “Fortalecimiento de la Regionalización del País” que agrega modificaciones a la ley 19.175 “Orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional”.
No hay duda que la nueva ley es perfectible, agregado a eso, el proceso de implementación ha estado marcado por la lentitud y la falta de convicción sobre la necesidad de acelerar, dar eficiencia y eficacia a la publicación de los reglamentos que permiten la implementación de nuevas divisiones y las condiciones en que esto ocurrirá. En concreto, el traspaso de las competencias desde el nivel nacional al regional. Existen muchas incertidumbres, y van en aumento.
Ya desde el año 2013 los Consejeros Regionales (CORES) de todas las regiones del país fueron electos democráticamente mediante sufragio universal, lo que permitió que los tomadores de decisión de los GORES se deban a la ciudadanía sin intermediarios como ocurría antes de ello, cuando eran electos de manera indirecta, mediante el voto de los concejales electos en las respectivas elecciones municipales, el avance ha sido significativo, ya que la prioridad de los CORES hoy debe ser responder a sus electores que son directamente los ciudadanos en el territorio.
Pero, ¿por qué es relevante que los Gobernadores Regionales sean electos de manera directa por la ciudadanía?
Actualmente los Intendentes, que cumplen la doble función de ser representantes del Presidente en la Región, coordinando a los servicios públicos desconcentrados del nivel nacional, y por otra parte ser la autoridad ejecutiva de los GORES son designados directamente por el Presidente de la República.
A partir de la elección se separan las figuras de la Intendencia - que pasa a ser Delegación Regional - y los Gobiernos Regionales, y sus Gobernadores serán electos de manera directa mediante sufragio universal por la ciudadanía.
Esto permitirá que las políticas regionales sean definidas en torno al interés regional, usando los instrumentos, recursos y medios disponibles para ello. La elección directa de Gobernadores y Consejeros es descentralización política.
La nueva ley agrega nuevas competencias y capacidades a los gobiernos Regionales, como el diseño e implementación de Planes, Programas y proyectos, así como política pública regional que desde ahora se puede implementar directamente sin tener que hacerlo de manera indirecta a través de otros servicios nacionales o municipios; el plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) vinculante; la decisión sobre disposición de residuos sólidos domiciliarios dentro de la región; la creación de las áreas metropolitanas y su administración regional; la creación de 3 nuevas divisiones que son Fomento Productivo e Industria, Desarrollo Social y Humano, e Infraestructura y Transporte; el desarrollo de política de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Algunos cambios son de mayor envergadura y otros menores, pero se traducen en modificaciones que van entregando paulatinamente y mediante un proceso parcial pero evolutivo, competencias, capacidades y poder a las regiones para administrar sus decisiones y recursos, manteniendo el principio de que Chile es un Estado unitario, pasando a ser lentamente más descentralizado y no solo desconcentrado.
Descentralizar en Chile no es fácil, y más allá de consideraciones sobre cómo ha sido el proceso, se requiere acelerar los cambios y avanzar en traspasar poder a las regiones y territorios, partiendo por cumplir lo que ya está aprobado por ley.
No hacerlo es una expresión más de falta de voluntad desde el poder político y desde quienes administran el Gobierno para seguir manteniendo la actual concentración de poder en pocas manos, y es una pata más de la estructura de desigualdad que se ha vuelto endémica en el país.
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