La injusticia y el modelo chileno

El Chile anterior a 1973 fue lo que connotados estudiosos han llamado un Estado Nacional Democrático y Popular. Un país en que el estado fue el centro gravitante en una sociedad de instituciones y donde se verificaba una congruencia territorial, económica, política y cultural.

El horizonte, declarado o no, de los distintos gobiernos de aquel periodo se enmarcaba en el crecimiento económico y la expansión redistributiva. Ese país ya no existe más, aunque algunos obstinados políticos pretendan revestir su actuación de nostálgico pastiche republicano carente de sentido en la actualidad.

El Chile de hoy apunta más bien a una sociedad organizada en torno al consumo y la comunicación, una cultura desterritorializada.

Las instituciones han sido sustituidas por los llamados “poderes fácticos” que operan como actores desnormativizados en el seno de una sociedad cuyo horizonte de sentido se inscribe más en la subjetividad y sus expectativas en la llamada “calidad de vida”.

Hay un nuevo país que emerge de una historia traumática y que comienza a sentir la profunda asimetría entre un orden tecno económico que reclama eficiencia y eficacia y un orden político anquilosado que no alcanza a cristalizar su propia legitimidad.

En el Chile actual, ha quedado atrás toda forma de estabilidad en las relaciones sociales, todo reconocimiento a las organizaciones laborales y toda intervención estatal en la economía.

Para decirlo claramente, en tiempos neoliberales, hay una apropiación por parte del capital de una porción cada vez mayor del excedente del proceso de producción. A diferencia de lo que acontece en economías mucho más desarrolladas, el aumento de las ganancias, en nuestro país, no proviene de una mayor productividad fruto de la innovación tecnológica sino, principalmente, de una drástica reducción de beneficios y el salario medio de los trabajadores.

A lo anterior se suma, por cierto, un fuerte debilitamiento de los sindicatos y una reestructuración del mercado laboral que incluye sectores subempleados y mal pagados como las mujeres y los inmigrantes.

Con un estado que reduce y privatiza sus actividades y al mismo tiempo que renuncia a su papel de regulador económico, social y medioambiental, la gran mayoría de los chilenos estamos a merced de voraces intereses económicos que multiplican sus utilidades en todos los dominios.

Lo que antes eran derechos de un pueblo, hoy son mercancías para los privilegiados.Así acontece con todo, incluidos la salud, la educación y la previsión social.

El diagnóstico es claro: El “modelo chileno” no es otra cosa que la injusticia convertida en norma, concebida por militares y mercaderes para el enriquecimiento de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras bajo una mascarada constitucional pseudo democrática.