La valentía de una querella

Pedro Ahumada Mateluna

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A propósito de la querella criminal interpuesta por la ciudadana Michelle Bachelet,  contra la revista Que Pasa, en estricto rigor contra el director, editor y 2 periodistas, se ha abierto un debate sobre la prudencia de interponer esta querella.

La misma revista, a través de una declaración pública, indica, sucintamente, que la querella busca coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación, y remata señalando que la Presidenta de República, me imagino que a lo que se refiere es a la institución de la Presidencia, no se encuentra fuera del control y escrutinio de la ciudadanía, en cuanto a su fiscalización.

Qué duda cabe que todos aquellos que ejercen un cargo público se encuentran sujetos al escrutinio popular. Sin embargo la revista pretende de manera mañosa e impúdica, instalar el debate sobre la contraposición de dos bienes jurídicos, la libertad de expresión y la honra de las personas

Coartar la libertad de expresión, significa no dejar publicar, censurar, dejar caer el poder coercitivo del Estado para que el pueblo no se entere de lo que un medio pretende publicar.

Llama la atención que el grupo Copesa, y en particular revista Que Pasa, saque la voz y se preocupe de la libertad de expresión cuando no hace mucho tiempo no solo se censuraba notas periodísticas,  sino que también se decretaba el cierre temporal o definitivo de radios, revistas y estos empresarios nada informaban ni reclamaban por la  violación infranganti por parte del Estado del derecho Internacional.  Recordemos que durante el periodo de la Dictadura, no solo hubo censura previa, sino que además  periodistas asesinados, apresados y desaparecidos, por el sólo hecho de publicar alguna información contraria a la Dictadura.

Por otra parte, la honra de las personas es lo más sagrado que tiene aquella y no se puede mancillar de manera alguna, so pretexto, de la libertad de expresión.

Dicho lo anterior, se puede concluir que la libertad de expresión, como todo derecho, tiene un límite, no en cuanto su ejercicio, sino que en su resultado, y este es, el respeto a las personas y éste conlleva, entre otras cosas, a que las publicaciones que se efectúen se hagan de manera responsable y chequeando las fuentes que hacen llegar las noticias.

Cada cual es responsable de las opiniones que emite y/o publica, y por ende debe hacerse cargo de estas y de las posibles consecuencias jurídicas de sus expresiones. En este estado de cosas, la interposición de una querella criminal, es un acto de suma valentía y coraje, que tiene como objeto reparar, de alguna u otra forma, el daño causado.

La libertad de expresión y consecuentemente el derecho a informar, es parte esencial de un Estado democrático y no puede ni debe ser coartada de manera alguna, pero también lo es el derecho que tiene cualquier individuo de defenderse, cuando éste estima que sus derechos se encuentran vulnerados. Suponer que los medios se encuentran por sobre los derechos de las personas y que en virtud o en nombre del derecho de informar, se puede injuriar, calumniar,menoscabar y que las personas afectadas no pueden ejercer sus derechos, es tratar de sobreponer a los medios por sobre el ordenamiento jurídico.

Se encuentra comprobado que las denuncias, que con posterioridad no resultan ser verídicas, no tienen la misma cobertura que las primeras, y que en el colectivo queda la duda, aun cuando la verdad salga a luz. Es por ello que estimo que es absolutamente necesario que la Presidenta, en su calidad de ciudadana, interponga esta acción judicial y que con los antecedentes ponderados y debidamente tasados, la justicia determine si la empresa periodística tuvo el ánimo de injuriar a la presidenta. 

Esta querella puede marcar un antes y un después en materia informativa, a fin que las publicaciones que los medios efectúen se realicen de  manera responsable y con un rigor periodístico adecuado a la altura de un país serio y responsable.