Ley de Equidad Territorial

Alberto Undurraga

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Chile hoy exige dignidad. Las y los habitantes de nuestro territorio demandan un trato justo en los diversos ámbitos de la vida del país. Tan indignante como las malas pensiones, las diferencias en salud y las injusticias en educación son las inequidades en el territorio, que impactan además directamente en aspectos tan fundamentales como la calidad de vida y la seguridad de las personas.

Nos encontramos entre los países más desiguales del planeta, en todos los planos, también en el territorial. Hay comunas y barrios que lo tienen todo, mientras que a muchos otros les falta demasiado para tener condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad, servicios, áreas verdes, salud y educación de calidad o transporte de buen nivel, entre otras necesidades.

Así por ejemplo, en las 52 comunas de Región Metropolitana sólo 7 cuentan con más de 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, que es el estándar de la OMS; mientras que 28 comunas están incluso por debajo de los 5 mt2 por persona. ¿Por qué tendrían menos derecho a vivir en un entorno con parques y plazas los habitantes de Independencia, La Cisterna, San Miguel y El Boques, que son aquellos que actualmente tienen menos áreas verdes por habitante?

Según los últimos datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), 5 comunas concentran el 48% de los cajeros automáticos del Gran Santiago, de modo que ahí donde viven 2,2 millones de habitantes tienen casi la misma cantidad de cajeros que donde habitan más de 4 millones y medio de personas. ¿Por qué razón a los residentes de San Ramón, Cerro Navia, La Granja, Lo Espejo y La Pintana les cuesta mucho más acceder a cajeros automáticos?

La inseguridad hoy en día afecta a todos en la ciudad, pero ¿por qué algunos habrían de sentirse más protegidos que otros por la policía? Sin embargo, si observamos la distribución de carabineros por habitantes, pareciera que unos tienen más derechos que otros a la seguridad. Cuesta entender que Estación Central, que se ubica sexta en la tasa de robos con intimidación cada 100 mil habitantes, tercera en la tasa en hurtos y segunda en la tasa de homicidios en el Gran Santiago (según la plataforma de datos comunales de Paz Ciudadana para el año 2019), esté por debajo del promedio de la capital en la cantidad de carabineros por habitante (según el Informe de Presupuesto Anual del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva del segundo semestre de 2019). ¿Por qué comunas como Maipú, Quilicura, Cerro Navia o Renca tienen menos de la mitad de carabineros por habitante que aquellas que más tienen? Si el foco es la seguridad de las personas y los barrios, como debe ser, no hay razón alguna para las enormes diferencias en número de carabineros por habitante que se enfrenta en la ciudad.

Por estas razones debemos impulsar una Ley de Equidad Territorial, que establezca estándares de servicios públicos y privados en el territorio. Debemos aumentar y mejorar la distribución de policías por habitante, asegurar servicios públicos como pavimentación, veredas y áreas verdes para todos, sin importar los recursos comunales, e impulsar una justa distribución de servicios privados como farmacias y cajeros, para que sectores menos acomodados puedan acceder de igual manera que aquellos que más tienen.

A estos aspectos más tradicionales de inequidad en la ciudad, la pandemia trajo nuevos desafíos, como la conectividad digital. Clave, tanto para el teletrabajo en el caso de las y los adultos, y aún más para el estudio de niñas, niños y adolescentes. Si bien es cierto que Chile es uno de los líderes en conexión a internet mediante móviles, esta nueva realidad exige conexiones fijas en banda ancha en los hogares además de computadores. Las dificultades para aprender se multiplican si las y los estudiantes no cuentan con internet en sus casas y en este punto, nuevamente encontramos diferencias alarmantes. Mientras en algunas comunas como Providencia o Vitacura hay 98% de conexiones fijas, en otras comunas del gran Santiago, como La Pintana o Cerro Navia, menos de 30% de los hogares cuentan con internet (según datos de Subtel a 2019), lo que sólo agudiza las brechas en educación y acceso a teletrabajo que ya existen en el país.

Hoy, como Estado, tendríamos que asegurar el acceso a internet domiciliaria en todos los hogares, pues debería ser un servicio de utilidad pública por ley. Con ello podemos incorporar un programa de subsidio a la demanda a los sectores más vulnerables, tal como en el agua potable -que hoy cubre 99% de las conexiones domiciliarias urbanas-, de modo que se asegure la oferta y que se logre la inversión necesaria, la que se estima en 25 mil millones de dólares.

En momentos de discusión pública de cómo abordar la desigualdad en los distintos aspectos, no podemos dejar el territorio de lado. Por ello debemos impulsar transformaciones estructurales como la ley de equidad territorial.