¿Leyes secretas en el año 2022?
La existencia de leyes secretas pareciera ser de otra época, pero no. Hoy, en Chile, aún existen normas bloqueadas para ciudadanos/as e instituciones.
"No puedo saber cómo querellante cuál es la razón de por qué se invoca esa norma", declaró a principios de marzo la consejera del Consejo de Defensa del Estado María Inés Horvitz, en el marco del denominado "milicogate". Lo anterior, a partir de la referencia a una ley secreta (N° 18.172) que había realizado el abogado del general Martínez.
¿Cómo es posible que una ley sea secreta y que el organismo público encargado de "la defensa judicial de los intereses del Estado" no pueda acceder a ella? ¿Quiénes conocen estas leyes? ¿Cuántas hay? ¿Qué materias tratan?
Las preguntas son relevantes, pero las respuestas no necesariamente muy claras y exactas.
En primer lugar, cabe señalar que la mayoría de este tipo de normas (leyes, decretos con fuerza de ley, decretos leyes y decretos supremo) son del período la dictadura. Se publicaban en el Diario Oficial, pero en ediciones de circulación restringida y de acceso limitado a ciertos organismos, como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa Nacional y las FF.AA.
Respecto a la cantidad de "normas secretas" no hay claridad. Para el Consejo de la Transparencia, antes de la publicación de la Ley Reservada del Cobre, existían 203 "leyes secretas". Por su parte, en el año 1990, la Contraloría General de la República señalaba que habían 125, y en la misma fecha, el Diario Oficial sostenía que eran 159 con ese carácter. Si bien en estos dos últimos casos se referían a normas secretas dictadas sólo entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, queda claro que el carácter secreto conspira con tener cifras que coincidan.
En cuanto a su contenido, la totalidad tratan sobre materias relacionadas con las FF.AA., de Orden y Seguridad: Plantas de las FF.AA., recursos, exenciones tributarias, ley que creó la DINA, autorizaciones para compra de terrenos, autorización para venta de un buque, estatutos de personal, etc. Algunas de ellas con vigencia por un período acotado o para un hecho determinado, pero que siguen, en la actualidad, con carácter reservado.
A mi juicio, resulta obvio que este tipo de leyes infringen el principio constitucional de publicidad y transparencia y también afectan el estado de Derecho y los principios democráticos en que se basa nuestra institucionalidad. Entonces, ¿por qué aún existen leyes secretas?
La respuesta la obtuve durante la tramitación de la moción -de la cual fui autor- que permitió publicar la ley N° 13.196 más conocida como la "Ley Reservada del Cobre" (que se guardaba celosamente en una caja de fuerte en la Cámara de Diputados). En el proceso legislativo, las autoridades contrarias a su publicación expresaban que el proyecto ponía en riesgo la "seguridad de la Nación".
La falacia de los argumentos quedó demostrada cuando, el 22 de diciembre de 2016, se publicó la ley N° 20.977 que eliminó el carácter de secreto o reservado, sin que se produjera ninguna de las consecuencias nefastas a los intereses del Estado que algunos habían vaticinado.
Ahora bien, en el sector de la Defensa Nacional existe un "razonable y necesario ámbito de confidencialidad", por lo que resulta lógico que haya ciertos aspectos que deben mantenerse en un ámbito reservado, como, por ejemplo, aquellos relacionados con las características esenciales del potencial bélico o de los planos o instalaciones de recintos militares o policiales y sus planes de operación. Cuando dicha confidencialidad se extralimita, "se extiende de manera innecesaria y poco razonable, se favorecen condiciones para una mayor ineficiencia, ineficacia y probabilidades de concurrencia de hechos ilícitos". Las leyes deben quedar fuera de esta reserva.
A partir de lo expuesto, el Gobierno del Presidente Boric tiene una importante misión en el ámbito de la transparencia: avanzar, a través del Ministerio de Defensa Nacional, decididamente en la publicación de todas aquellas leyes que tengan el carácter de secretas o reservadas.
Llegó el tiempo de sacar estas leyes de "las cajas de fuerte" y llevarlas donde siempre debieron estar: en la Biblioteca del Congreso a disposición de los ciudadanos.
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