Era julio del año 2012 y junto a un grupo de compañeros de Universidad asistimos a una Conferencia Magistral que dictaba el profesor de la Universidad de Bolognia, el politólogo Gianfranco Pasquino. Su charla se titulaba "Democracia, participación y crisis de representación".
En ese año se veía con una mirada más bien crítica el estado de la política y de la democracia, luego de un convulsionado 2011 donde el movimiento estudiantil fue protagonista. También se comenzaba a discutir sobre la elaboración de una nueva Constitución, donde el debate se centraba - no digo que aún no deje de ser así- en los medios más que en los fines. En aquel incipiente debate se lograba advertir una diferencia simplista entre un Congreso Constituyente y una Asamblea Constituyente. Por cierto las posibilidades han devenido en propuestas más elaboradas.
La Constitución debiese ser el espacio de encuentro, la casa común, de los ciudadanos todos parte de una misma comunidad política, la República. Las constituciones organizan y limitan el poder estatal, garantizan derechos de las personas y comunidades, aseguran que las instituciones sean representativas y abren los distintos caminos de participación.
Como parte del compromiso de generar una nueva Constitución, el programa de la Nueva Mayoría establecía la existencia de un proceso democrático, institucional y participativo.
¿Quiénes son los que realmente participarán en este proceso histórico para nuestra democracia?
En su conferencia del año 2012, el profesor Pasquino nos hablaba de la República de Pericles, en la cual existían dos tipos de ciudadanos: el tipo “A”, que corresponde aaquellos ciudadanos que participan activamente y contribuyen a los fines de la república, y los del tipo “B”, que son quienes no participan ni contribuyen.
Los ciudadanos del tipo “A” tienen algunas características particulares. En primer lugar, deben estar interesados en la política, informados para estar habilitados en la toma de decisiones. Luego de ello, participar y contribuir al gobierno, generar intereses y fiscalizar sus actos. Finalmente deben sentir que sus acciones tienen influencia política, esto significaría que una democracia es eficiente para los ciudadanos. Tales características, además, deben ser potenciadas por el sistema político en que se desenvuelven.
Aplicando esta distinción al Chile de hoy, y tomando como referencia a los múltiples estudios sociales que evidencian un alto rechazo de la ciudadanía a la clase política y una profunda desafección sobre el funcionamiento de la actividad política, podemos afirmar que hay una excesiva predominancia en nuestra democracia de los ciudadanos del tipo B, a pesar que a lo largo de todo el siglo pasado, se luchó constantemente para que nuestra institucionalidad se abriera para que todos los chilenos pudiéramos ser ciudadanos del tipo A.
En este escenario, el Proceso Constituyente que está impulsando el gobierno de la Presidenta Bachelet se enfrenta al riesgo de no contar con un respaldo popular que permita a la nueva Constitución pasar a la historia como la primera Carta fundamental dictada íntegramente en el contexto de una democracia plena.
Esperamos, por tanto, que en el Proceso Constituyente y particularmente en la etapa de“diálogos ciudadanos” sea un tema prioritario asegurar una efectiva participación ciudadana, donde el Gobierno deberá tomar todas las medidas que estén a su alcance para asegurar el éxito del proceso y enfrentar con decisión las objeciones políticas y jurídicas de la oposición.
Como jóvenes chilenos, tenemos la firme convicción de que tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo tienen el deber moral de valorar el resultado de este proceso histórico de participación popular en materia constitucional y asumir el compromiso que la nueva Constitución sea sancionada, en su etapa final, por el mecanismo que asegure la máxima legitimidad social, legitimidad que solo pueden garantizar, en los tiempos que vivimos, un plebiscito o una asamblea constituyente.
Coautor de esta columna es Miguel Angel Grez.
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