Los liderazgos pasan, las naciones quedan

El adagio "no me ayude compadre" es muy aplicable a una parte de los elogios prodigados al fallecido expresidente Sebastián Piñera. Algunos extravagantes como aquel que lo proclamó versión chilena de Leonardo Da Vinci. También se exhibieron desubicadas precandidaturas presidenciales y fotos eufóricas como si fuera una celebración. Son casos en que uno piensa que lejos está el decoro de la prudencia.

En ese clima de exaltación el excomandante en jefe del Ejército general(r) Ricardo Martínez relató un hecho clave en el curso del estallido social de octubre-noviembre de 2019: que el 12 de noviembre el expresidente Piñera le pidió su opinión acerca de "sacar" al Ejército, para retomar el control del país; al respecto dice estar agradecido de haber sido escuchado, "porque los efectos que se podrían producir eran totalmente opuestos a los que probablemente una parte de la población pretendía...", se evitó "que se produjera un baño de sangre", según señala, y afirma sentirse "orgulloso" al haber contribuido a evitarlo.

Ahora bien, la visión del excomandante en jefe resulta incompleta al excluir de su análisis la noche del 20 de octubre, cuando Piñera señaló: "Estamos en guerra". Esos dichos pudieron ser fatales, sobretodo porque el Presidente de la República habla al país después de oír el Informe del director de Inteligencia general(r) Humberto Paiva, cuyo contenido lo hace concluir en ese error garrafal.

Luego se estableció que esa gravísima irresponsabilidad fue extraída del procesamiento de información digital a gran escala, el llamado big data, sin ningún vínculo real con la situación del país. Datos sueltos y contradictorios, rumores, especulaciones propias de un aficionado o de obsesionados conspiradores cuyos verdaderos objetivos quedan en la sombra.

El general(r) Martínez, como comandante en jefe, no pudo estar ajeno a ese informe inexcusablemente erróneo que instigaba a que el Ejército irrumpiera violentamente en el escenario nacional, con efectos institucionales incalculables.

A la distancia es posible afirmar que lo que sí resultó clave para evitar una tragedia de proporciones fue la declaración del actual comandante en jefe, general Javier Iturriaga, que a primera hora del lunes 21 presentó el balance de la situación del país bajo el estado de Emergencia y agregó: "No estoy en guerra con nadie", estableciendo lo que era esencial, no había una fuerza beligerante frente a la cual entrar "en guerra".

El "enemigo poderoso e implacable" que se le presentó al fallecido expresidente no fue más que una invención que tapó la inoperancia burocrática de "la inteligencia" que, muy desafortunadamente, el jefe de Estado validó en el errado cálculo que un discurso "duro" le posibilitaría a su gobierno recuperar, aunque fuera una parte, de la autoridad perdida para retomar la conducción política del país.

Por eso hay que tener cuidado en las valoraciones de las acciones personales en los hechos relevantes en los que se ha tomado parte, asimismo, es necesario incorporar la presencia y el rol de otros actores. En este caso, la responsabilidad de las fuerzas políticas que suscribieron el acuerdo del 19 de noviembre, que abrió paso a una salida política que –efectivamente- evitó una fractura institucional.

En efecto, durante noviembre de 2019, las fuerzas con representación parlamentaria intensificaron sus contactos con vistas a un acuerdo o pacto político que señalara una vía de salida a la crisis que en ese momento el país vivía. A lo largo del día 14 sus representantes se congregaron en la sede del Congreso en Santiago, examinando redacciones diversas para el entendimiento que era apremiante. En medio de los tiras y afloja, el país estuvo expectante.

Hubo resistencias, unos exigían más y otros no cedían, finalmente, en la madrugada del 15, excepto el PC, los partidos políticos de oposición y gobierno, más el entonces diputado Gabriel Boric a título personal, suscribieron el acuerdo de reforma constitucional que dio vida al proceso constituyente. Así, se encauzó la crisis social gracias al acuerdo político.

Por qué el proceso constituyente fracasó es materia de otro análisis, lo que sí se puede decir desde ya es que se dilapidó una ocasión irrepetible para haber dado a Chile una nueva Constitución. Lo que queda claro es que no hay actores providenciales ni autoridades infalibles. Así se aclara que el Ejército tiene un rol institucional que debe ser estrictamente respetado tanto por la autoridad civil que la ciudadanía elige como por los generales responsables de la misión a cumplir. Es mejor que nadie se crea héroe.

El proceso político, al abarcar al conjunto de la nación, resulta ser necesariamente una construcción colectiva, con aciertos y errores, aunque sus distintos protagonistas exageren su propio rol o no admitan la diversidad de aportes a la marcha del país. En el caso de una crisis nacional sin opciones institucionales y que no se logre el acuerdo político necesario debe decidir la voluntad democrática de la ciudadanía en las urnas.

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