Marcela Cubillos: ¿Una cuestión de mérito o poder?

La Universidad San Sebastián no es una empresa cuyo único objetivo sea generar utilidades; es, o debería ser, un espacio en donde se forjan ideas y se promueve el pensamiento crítico. Sin embargo, lo que estamos presenciando con el nombramiento de personeros de la derecha es un riesgo claro de politización y concentración de poder en las aulas, algo que atenta contra los principios de equidad y pluralidad que deben guiar la educación en Chile.

Indignación ha causado el caso de Marcela Cubillos y su sueldo de 17 millones brutos, además de las constantes defensas corporativas y la nula autocrítica de este sector tras conocerse los hechos públicamente.

Como diputada me pregunto, ¿cómo justificamos que una institución que recibe fondos públicos destine estos recursos a pagar sumas exorbitantes a exfuncionarios políticos? ¿Qué mensaje estamos enviando a los estudiantes que están luchando por acceder a una educación de calidad y gratuita? ¿Estamos premiando el mérito académico o estamos facilitando que la política siga controlando nuestras universidades?

Esto no se trata solo de Cubillos, sino de un fenómeno más amplio donde una elite política utiliza las instituciones educativas como refugio, perpetuando sus redes de poder en un espacio que debería ser de transformación social. Este tipo de dinámicas merma la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y debilita el ideal de una educación inclusiva, democrática y sin fines de lucro.

El vínculo entre la Universidad San Sebastián y la derecha chilena es indiscutible. No solo hablamos de Marcela Cubillos, sino también de una serie de funcionarios del último gobierno de Sebastián Piñera, quienes han migrado a esta casa de estudios. Entre ellos destacan Andrés Chadwick, exministro del Interior y primo del expresidente, quien tuvo un rol destacado en el consejo directivo de la universidad hasta su renuncia.

Es nuestro deber defender que cada esfuerzo familiar y peso del Estado que se invierte en educación debe ir en beneficio de las y los estudiantes, no al bolsillo de un personero político, ni a la caja chica de su partido para futuras campañas.

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