¿Militares a la calle?
En situaciones complejas, especialmente cuando el orden público ha sido sobrepasado, como en nuestro país, en el último mes, se plantean “soluciones de emergencia”, usualmente referidas al uso de fuerzas militares, ante la incapacidad de las policías, de mantener las condiciones de vida normales, para el desarrollo de las actividades cotidianas.
En ese ámbito, el Presidente de la República ha anunciado un proyecto de ley (que no conocemos) para que militares se hagan cargo de algunas tareas propias de carabineros, en el ámbito del resguardo a infraestructura y servicios básicos.
No es fácil referirse a una idea, sin conocer el proyecto y observar sus detalles.
En principio, según nuestra Constitución, esas funciones están reservadas al Cuerpo de Carabineros y la Policía de Investigaciones, reservando la participación de militares, en estas tareas, a las oportunidades en que se declaran Estados de Excepción Constitucional, lo que es distinto al anuncio presidencial.
Con todo, será preciso conocer el proyecto anunciado, para un pronunciamiento razonado. Adicionalmente, porque nuestra legislación contempla duras sanciones a los atentados a infraestructura básica, en leyes especiales, por ejemplo. Por ello, lo responsable será esperar el ingreso del proyecto pertinente y pronunciarnos con conocimiento del conjunto de la iniciativa del gobierno.
Es bueno advertir que, en el proyecto del “proyecto de ley de ciberseguridad”, el gobierno ha definido como “Infraestructura básica” lo que incluye todo lo concerniente a “Aguas, Telecomunicaciones, Transporte, Servicios Financieros, Defensa, Energía, Seguridad Pública, Salud, Administración Pública, Protección Civil y Espacio”, vale decir, prácticamente TODAS las actividades en la que participan los ciudadanos.
Sin embargo, caben algunas reflexiones de las circunstancias en que este proyecto anunciado.
En primer lugar, es evidente que la mantención de las movilizaciones, detonadas a partir del alza del Metro, obliga a reflexionar acerca de las causas más profundas de un descontento, seguramente muy arraigado en vastos sectores, que tiene que ver con la insatisfacción del modelo que se ha mantenido en el país.
En segundo lugar, la forma en que algunos sectores han asumido la protesta, de manera particularmente violenta, muestran la existencia de sectores, probablemente más allá de la población descontenta, que no ha sido posible contener por la fuerza pública, durante casi 40 días, lo que sumado a las evidentes violaciones de los DDHH de miles de personas, muestra una policía con evidentes carencias, no solo en su despliegue, sino, con seguridad, en su formación profesional.
Entonces, si bien entonces es deseable que las acciones de superación del orden sean enfrentadas, difícilmente ello ocurrirá solo con el aumento de la represión, esta vez, propuesta por el gobierno con la salida de militares a la calle.
El país ha esperado, durante todo este tiempo, que el gobierno entregue una propuesta global, en la dirección de acceder a demandas que son muy sentidas y justas, como el mejoramiento sustantivo de las pensiones y los salarios; avanzar en mayor justicia tributaria, con un importante mayor aporte de los más ricos del país; precios de los medicamentos accesibles o fijación de tarifas básicas adecuadas a los niveles de ingreso de las familias más pobres, entre otras muchas demandas legítimas.
En los próximos días deberemos conocer y pronunciarnos acerca del anuncio presidencial.
Los democratacristianos conocimos y recordamos, el significado de poner a los militares como árbitros y luego como titulares del poder, lo que generó 17 años que el país sufrió y no quiere repetir. Esa debiera ser nuestra primera aproximación, a la solicitud del Presidente Piñera.
Por cierto, es un anhelo de la mayoría, el término de las situaciones de violencia, pero no es deseable, jamás, que ello sea a costa de consecuencias peores que la situación que se quiere controlar. Ello puede ocurrir, con los militares en la calle.
El gobierno tiene herramientas para enfrentar la actual contingencia, entre ellas la actual ley anti terrorista y otros instrumentos que se pueden emplear. Por cierto, sería deseable una distribución más equitativa de las fuerzas policiales, muy numerosa para custodiar los malls del barrio alto de Santiago y, prácticamente inexistente en las comunas periféricas.
Sin embargo, lo más importante, que no ha aparecido, hasta aquí, en la decisión presidencial, es la adopción de medidas urgentes, ahora ya, que dé cuenta de la capacidad para interpretar y responder, positivamente, a las demandas completamente justas, que están en la base de las movilizaciones.
Si eso no se produce, entonces el aumento de las fuerzas, en este caso militares, en las calles, solo puede ser el inicio de un espiral interminable, de aumento de la violencia y respuesta solo por aumento de la represión.
¿Hasta qué punto?
Ya conocemos donde nos puede llevar aquello. Y no lo queremos.
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