Movimientos sociales y modernización estatal

En las últimas décadas, el desarrollo estatal latinoamericano se ha visto atravesado por las pretensiones de modernidad amparadas bajo la lógica de un desarrollo sustentado en la económica liberal y el consumo. Esto lo ha impactado, desvaneciendo los límites y características de sus funciones institucionales.

A diferencia de las sociedades europeas, donde se cuenta con un Estado con herramientas más eficaces y rendimientos estructurales más potentes de intervención y regulación, en nuestra región el Estado es cuantitativa y cualitativamente distinto. Éste, a diferencia de un Estado social democrático de derecho más potente, si bien permanece en un lugar central de la conformación social, es estructural y funcionalmente más débil.

Tal escenario, genera que el Estado procese la información e integre a sus miembros e instituciones de manera indiferenciada, lo que en la práctica implica una visión plana, tendiéndose a obviar las diferencias étnicas, religiosas, regionales, etc. Así, se hace evidente la estática del Estado y sus deficiencias para regular las fuerzas dinámicas de los procesos económicos.

Ello lo instala en desventaja frente a las formas económicas neoliberales, quedando al margen de una posible regulación. Pese a todas estas carencias, continúa siendo aquel espacio prominente hacia el cual se dirigen todas las demandas ciudadanas y movimientos sociales. De allí que la sobrecarga de demandas hacia este tipo de Estado débil, junto a una esfera económica independiente de sus orientaciones, acaben por debilitarlo aún más, limitando su capacidad de respuesta frente a los conflictos que aparecen en la agenda pública.

Nuevos movimientos sociales en el contexto latinoamericano

Los resultados de estudios expertos (entre ellos el de Lipset y Rokkan), permiten aclarar las condiciones en las que surgen y se desarrollan los conflictos en las estructuras sociales.

Estos conflictos y/o demandas ciudadanas generalmente son expresadas a través de los partidos políticos, sin embargo, en el caso chileno han sido los movimientos sociales los que han desempeñado este rol.

En tal contexto, es posible argumentar que el surgimiento de los movimientos sociales pasa por una primera etapa de construcción de identidad, para luego tomar el perfil específico que sustentará el despliegue del mismo.

En la primera etapa, los descontentos que comparten un grupo o localidad fomentan la acción conjunta de varios actores, lo cual es determinado por las condiciones de vida compartidas de tal grupo. Ello en el sentido de condiciones materiales trasversales, y no de procesos de racionalización del lenguaje (del tipo Habermas) o de procesos de auto-descripciones (en términos sistémicos).

Posteriormente, ingresan componentes histórico-culturales que permiten estabilizar una identidad de grupo, que hará más consistentes y duraderos los vínculos que motivan la acción del movimiento. Así por ejemplo, influyen factores históricos más evidentes, como en el caso de movimientos como el Pascuense o el Mapuche; o posturas de identidad apolítica, como en el caso del movimiento estudiantil.

Aquí, entran en juego cuestiones como la distribución territorial del poder, la representación política de sectores excluidos y de grupos emergentes, e incluso la calidad democrática.

Intuitivamente pareciera que, si bien los movimientos toman formas de acción alejadas de los mecanismos tradicionales de la política, de todos modos se enfocan hacia la resolución política institucional y hacia mecanismos de integración más extensivos. De allí, se puede concluir que los espacios en que se manifiestan movimientos sociales, pueden ser susceptibles de encaminar hacia los canales tradicionales de la política.

Inclusión y representación

Resulta evidente que ciertos procedimientos efectuados por los movimientos sociales se escapan de lo que llamaríamos “formas tradicionales de acción política”; sin embargo a posteriori parecen coincidir a la hora de dirigir sus reclamos hacia el sistema político en busca de sus demandas e intereses.

Esto pone al Estado en riesgosa situación: debe contrarrestar el descontento ciudadano y asegurar ciertos niveles adecuados de bienestar, atacando esferas que se encuentran por fuera de sus alcances; debido a que al enfrentar demandas de intereses concretos (distribución de riquezas) se topa con una economía que corre a un ritmo muy superior a el.

De esta manera, se produce una fricción de fuerzas que limita al Estado a inyectar regulaciones de corto y mediano plazo que suavicen los efectos de lógicas económicas – las cuales afectan en el largo plazo.

Como resultado, el Estado se ve forzado, dentro del contexto latinoamericano, a ser el blanco al que se dirigen las críticas y presiones ciudadanas, reaccionando sólo con medidas que, o son nocivas para una democracia saludable (como represión o mala gestión), o son insuficientes e inestables.

Finalmente, ello hace irrefutable la urgencia por contar con procesos de democratización territorial; de efectiva inclusión de sectores excluidos y nuevas formas de respuesta ante la emergencia de descontentos ciudadanos.

Con el propósito de que la conducción política asegure mecanismos de cohesión y gestión -que coincidan con las condiciones cambiantes que generan los procesos económicos, y que ataquen de forma sustantiva los descontentos ciudadanos- ésta no se debe limitar a la resolución de conflictos contingentes por medio de la entrega de los recursos materiales demandados, sino que, a su vez, debe asegurar que las líneas de conflicto social sean encausadas mediante mecanismos políticos democráticos que actúen a largo plazo.

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