Nuevamente la UDI y los grandes empresarios

Daniel Jadue

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Por tercera vez consecutiva soy objeto de una solicitud de destitución presentada por los concejales de la UDI de nuestra comuna, lo que hace pensar que son incapaces de aprender de sus propios errores y derrotas.

Esta vez, eso sí, salen en defensa de la inmobiliaria que está construyendo torres en el  barrio Bellavista, que exceden la altura permitida por el Plan Regulador Comunal, en más de 25 metros.

Las imputaciones que se me hacen ni siquiera califican para configurar los cargos que se me imputan.  La primera de ellas se basa en un supuesto y potencial perjuicio económico que podríamos causarle a nuestro municipio, si la demanda de la inmobiliaria que busca dejar sin efecto la orden de demolición por nosotros evacuada, se perdiera y diera paso a un juicio de indemnización por daños civiles que, al día de hoy, aun no comienza y que de iniciarse, tardará al menos un par de años en resolverse.  Llama la atención que los Concejales de la UDI sepan incluso antes que la justicia de las acciones judiciales que podría interponer la Inmobiliaria.

Como segundo tema, se plantea como perjuicio al patrimonio municipal, el hecho de contratar una defensa externa para enfrentar los juicios que la municipalidad mantiene con la inmobiliaria, por hacer valer la ley y sobreponer el bien común a cualquier otra consideración, lo que no solo no constituye falta, sino que no haberlo hecho constituiría una irresponsabilidad, sabiendo que no se tienen en la planta municipal, las capacidades técnicas para enfrentar juicios tan especializados. Pero vayamos al fondo.

Cuando la justicia condenó al ex Director de Obras de Recoleta, por varios delitos de cohecho, lo hizo porque en su confesión, Carlos Reyes, reconoció delitos, entre los que se encontraba uno que involucraba al proyecto en cuestión, por lo que solicité una revisión detallada del expediente.

En su análisis, la Dirección de Obras Municipales, detectó que el proyecto había sido construido fuera de norma, superando de manera importante la altura permitida por la misma.  Tomando el informe realizado por la DOM, solicité un pronunciamiento a la Dirección Jurídica Municipal, la que confirmo la apreciación de la DOM. 

No contento con ello, consulté por oficio a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo sobre el particular, instancia que coincidió plenamente con lo constatado por la DOM y por la Dirección Jurídica del municipio.  Para mayor certeza, consultamos a la Dirección de Desarrollo Urbano del ministerio de Vivienda y Urbanismo y solicitamos un informe en derecho a un abogado especialista en materias urbanas. Todos sin excepción alguna coincidieron que los edificios construidos estaban fuera de norma y que sobrepasaban la altura permitida.

En virtud de lo anterior y haciendo uso de la atribución legal contenida en el artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, procedí previo informe del Director de  Obras, a decretar la demolición de las edificaciones que sobrepasaban la norma, que no tenían Recepción Final y que no involucraban a terceros que hubieren actuado de buena fe.  La Inmobiliaria, como era de esperar, recurrió respecto del acto administrativo aduciendo que existían Derechos Adquiridos que habían ingresado al patrimonio de la misma.

En primera instancia, la justicia dio la razón al municipio, estableciendo que no pueden nacer derechos adquiridos de actos ilegales, lo que implica que los permisos mal otorgados o mal habidos no constituyen derecho adquirido alguno. La inmobiliaria apeló y  la Corte de Apelaciones revirtió la sentencia de primera instancia, asumiendo la tesis de que los derechos adquiridos, sin importar como estos se hayan obtenido, son intocables, ingresan al patrimonio del solicitante y se consideran, por lo mismo, superiores en valor al supuesto del bien común y al cumplimiento irrestricto de la ley.

Como para nosotros esto resulta inaceptable, recurrimos de casación de forma y fondo ante la Ilustrísima Corte Suprema, la que en última instancia tendrá que zanjar el punto, pues nosotros fuimos electos para hacer respetar la ley y ante la eventualidad de ocurrencia de un delito, estamos en la obligación de someterlo a la justicia, de tal manera que sea ella la que valide o rechace la actuación que nosotros, fundamentadamente hemos estimado que no cumple con la ley. 

Será  en definitiva la Justicia la que valide si las inmobiliarias pueden seguir haciendo lo que deseen en virtud de su poder económico y las que deberán evaluar si es posible que un permiso sea aprobado haciendo uso reiterativo de normas de excepción que siempre beneficiaron al privado, en desmedro del bien común, contradiciendo abiertamente el espíritu de la ley

No nos sorprende, en todo caso, que la UDI siga con su estrategia de intentar enlodar una gestión que ha resultado dolorosa para ellos.  Sacamos la municipalidad que ellos dejaron instalada como una de las más corruptas del país y en tres años la llevamos a estar entre las 4 más transparentes de Chile. 

Los primeros dos requerimientos fueron rechazados en los ocho cargos que se me imputaron, por unanimidad, tanto en primera como en segunda instancia. Los procedimientos fueron llevados por sus abogados, que coinciden con los de la inmobiliaria, con total indiferencia, al punto que ni siquiera se presentaron a los alegatos de primera instancia.

De la misma manera, las Querellas criminales presentadas en mi contra, fueron todas, sin excepción, archivadas o sobreseídas definitivamente, por no existir delito alguno en mis actuaciones ni en ninguno de los Directores que me acompañan.

Tampoco resulta extraño que, los mismos que votaron a favor de la continuidad de la Concesionaria de Parquímetros que tiene a Recoleta con los estacionamientos más caros de Chile por 41 años, los mismos que toleraron la existencia de casinos ilegales, los mismos que permitieron el funcionamiento ilegal de varias industrias, en detrimento de la calidad de vida de nuestros vecinos y los mismos que en un comienzo se opusieron a la Farmacia popular, a la Salud en nuestros Barrios y a todas las innovaciones que hemos realizado, recurran al único recurso que les queda para intentar dañar nuestra imagen, miente, miente que algo quedará mientras nosotros seguiremos trabajando para defender a nuestros vecinos, esperando que la verdad aunque tarde, nos vuelva a iluminar.