El diagnóstico no alcanza a ser expectante. De hecho, es pesimista y negativo. Hoy de lo único que se habla en las editoriales de los medios de comunicación, en el Congreso Nacional, en la opinión pública y en las redes sociales es de complots de la PSU, acusaciones constitucionales e interpelaciones, primera línea, Patria y Libertad, videos con enfrentamientos entre policías y manifestantes, fake news, peticiones de renuncia al Presidente y a los parlamentarios, requerimientos al Tribunal Constitucional y los crudos episodios de violencia que veremos en marzo en tres fechas icónicas: Día Internacional de la Mujer, segundo aniversario del inicio del Gobierno de Sebastián Piñera y Día del Joven Combatiente (o del delincuente para algunos).
En pocas palabras, pan y circo, cuando lo realmente importante es trabajar las bases y los cimientos de lo que será la nueva Constitución, en caso de que se apruebe el plebiscito de abril, o estudiar a fondo las reformas que hay que hacerle a la Carta Magna, por cierto, si es que se impone la opción del rechazo.
Lo peor que le puede ocurrir al país es instalar, normalizar y legitimar la ruina y el terror en Chile si gana una opción u otra. Por lo mismo, nuestro pueblo y nuestra ciudadanía deben tener la tranquilidad de que aprobando o rechazando, la clase política tendrá que sacarse la mugre para que las demandas que llevaron a la gente a la calle sean cumplidas.
Por eso es importante que los partidos políticos, base de la democracia (aunque los números de aprobación estén por los suelos), marquen posiciones claras en torno al tema constitucional y, acto seguido, comiencen a elaborar sus propuestas sobre, por ejemplo, el manejo de la economía, elemento clave en el desarrollo o estancamiento de un país.
Es muy relevante la participación de independientes en el proceso constituyente, sumado a la paridad de género y la inclusión de variados sectores de la sociedad civil en este ítem.
Sin embargo, a nuestro juicio, gravita más empezar a discutir desde ya si el Estado seguirá siendo subsidiario o si le agregamos un elemento de protección del usuario (solidario), emprendedor o simple consumidor.
¿Le ponemos límites a la libertad económica y al derecho de propiedad?
¿Cómo lo hacemos para potenciar y darles atribuciones reales a las regiones sin llegar al impracticable federalismo como forma de Estado?
Sin ir más lejos, la elección de gobernadores regionales debería estar en tabla en el Congreso, porque más allá de las complejidades que acarrea ponerle un superior jerárquico al intendente, que ahora será delegado presidencial, lo decisivo acá es si las regiones podrán ser autónomas en algún momento, además, con recursos propios y la opción de generas sus propias franquicias tributarias.
Pero no. Solo vemos “chimuchina”, proyectos que no se aprueban por falta de quórum, interpelaciones que no avanzan por falta de parlamentarios en sala (como ocurrió con la citación al ministro Ignacio Briones), legisladores que se encapuchan y transforman a sus asesores en barrabrava de tablón y así un largo etcétera que tiene como telón de fondo una inútil e insana batalla ideológica, que incluso daña la reforma a las pensiones, que va en directa ayuda a los adultos mayores a contar del 1 de abril y si es que algunos sectores de izquierda no lo rechazan.
Y lo peor de todo, es que temas capitales y realmente importantes, como la declaración constitucional del agua como bien de uso público y la mencionada elección de gobernadores, no tienen el trato que se merecen.
Esperamos que alcancemos a hablar de asuntos serios antes que la sangre llegue al río y que el fuego consuma mucho más que iglesias, edificios y carros lanza aguas, como han insinuado algunos.
La democracia está en riesgo y si no actuamos hoy, hasta aquí no más llegamos. Seamos responsables con el país, y sea lo que sea votemos en abril próximo recordemos que el futuro de Chile, de nuestros hijos y de las generaciones futuras está en juego.
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