¿Qué es esto de la ciudadanía?

Si hay algo que a todos parece quedarnos claro es la distancia observada entre la ciudadanía y el sistema de partidos políticos. Una distancia que debiéramos explorar puesto que la mera constatación de que algo está lejos de otra cosa, no significa que nos enteremos de quien se alejó de quien.

Nunca un partido ha podido sostener un intento de representar al conjunto de la ciudadanía. Su carácter, como su propio nombre lo indica refiere a partidarios de algunas ideas, programas, ideologías o bien segmentos sociales o clases.

De allí que la incapacidad de un partido de representar al conjunto de la ciudadanía no debe sorprendernos, o dicho en otros términos, pudiera ser sospechosa dicha condición puesto que si representa a todos, no representa nada de aquello en torno a lo cual, en el espacio público, debiéramos tomar posición.

Sin embargo, la capacidad del conjunto de representar las posiciones mayoritarias en la sociedad es a lo que se aspira. Organizar las facciones en que se divide la población en torno a los problemas públicos es parte de la responsabilidad de los partidos políticos. Proveer diversidad y organizar comportamientos políticos que permitan ofertar a la sociedad distintas opciones para la deriva de su desarrollo. De allí que una de las condiciones u opciones de la ciudadanía es sacrificar algo de su autonomía para viabilizar el avance de sus ideas en torno a partidos políticos.

Ellos vertebran el comportamiento de grupos en el sistema político y participan, al decir de la práctica y teoría política estadounideense, de los juegos por los cuales se distribuye y redistribuye el poder (politics) y la forma en que se identifican los problemas públicos, se proponen soluciones y se decide entre estas (policy). Uno de sus rasgos es que permanecen (los partidos principales al menos) entre períodos y por ende permiten la transformación en el tiempo de intereses parciales y posiciones en voluntad pública y acción conjunta como sociedad, por ejemplo a través del Estado.

Como puede resultar evidente hoy, estas funciones se pueden cumplir en distintos niveles de calidad y esto determina, al menos parcialmente, la calidad del sistema de partidos y a través de el del sistema político. Sin embargo, los partidos políticos al igual que cualquier organización humana, son tributarios de las reglas de los sistemas que los contienen, lo que obliga a considerar las reglas de acceso a posiciones de poder y las de adopción de decisiones.

Las reglas de su financiamiento y la relación con formas de poder que no emergen de la representatividad democrática. La forma de adopción de decisiones y las que determinan el grado de autonomía de representantes y representados. Independiente de la calidad de los partidos y del sistema que los regula, los ciudadanos que hacen parte de los partidos, dada su preocupación por lo público, no debieran en ninguna acepción ser considerados menos ciudadanos que quienes no se comprometen en éste dominio y al menos tanto como quienes lo hacen en el marco de algún ámbito y/o movimiento.

Una sociedad compleja por el número de procesos que es preciso coordinar e integrar para su operación al nivel más básico, requiere de personas que cumplen un conjunto de funciones y que no disponen de tiempo extendido para dedicarse al dominio público como su actividad principal. Deben acceder a oportunidades de incidencia y participación en aquellos dominios que concentran su atención, sin necesariamente hacer de la política su actividad principal.

Si los partidos constituyen barreras para que las personas puedan incidir, lejos de abolirlos apostando a alguna forma de participación directa y continua de la ciudadanía en los asuntos públicos, es preciso mejorarlos y transformarlos. Ello, con el objetivo de romper la autarquía con que se desenvuelven nuestros representantes respecto de sus representados. Para ello es preciso conocer las propuestas de mejora del sistema político y los partidos que de el participan más que investirse de una condición que es la única que la igualación democrática garantiza a todos los mayores de 18 años, la de ciudadano.

Esto lejos de constituir una defensa del orden establecido, llama a interrogarse por las vías en que es posible transformarlo, más que utilizar sus debilidades como diferenciador de campañas, sin propuestas para su transformación.

Esperamos que los siguientes pasos de la deliberación, en torno a las candidaturas presidenciales, sean capaces, en particular por quienes cuestionan el orden actual y declaran su insatisfacción, de impulsar propuestas que amplíen nuestra democracia, pudiendo elegir más y ofertando mayor control del accionar de quienes reciben la confianza de nuestro pueblo en cualquier cargo de representación.

Solo avanzando en esa dirección podremos cerrar la brecha que separa a la ciudadanía del sistema político, logrando más democracia.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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