¿Quienes son los intransigentes?

En Chile pareciera que la intransigencia campea. Así se deduce de muchas declaraciones que se escuchan en los medios de comunicación.

Sorprendentemente, aunque muchas de éstas contienen algún grado de intransigencia, suelen ser acompañadas de un llamado al diálogo y, al mismo tiempo, incluir alguna crítica -cuando no descalificación- de los métodos o conducta del “otro”.

Hace poco el Ministro de Educación, Felipe Bulnes, afirmó que “siempre vamos a estar disponibles al diálogo”. Hasta ahí todo bien, pero luego agregó que “… no tiene sentido pelear por una mejor educación dejando de educarse”.

O sea, a los trabajadores del Banco de Chile que llevan toda esta semana en huelga legal, copando calles con letreros que piden remuneraciones justas (un requisito del “trabajo decente”, OIT, 1999), habría que informarles que no tiene sentido luchar por mejores condiciones laborales dejando de trabajar.

Hablando se entiende la gente. Pero, ¿qué es la intransigencia y cómo afecta al diálogo? El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) señala que transigir es “consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una diferencia”.

Una segunda acepción dice que es “ajustar algún punto dudoso o litigioso, conviniendo las partes voluntariamente en algún medio que componga y parta la diferencia de la disputa”.

Desde el movimiento estudiantil y la oposición, al menos parte de ésta, señalan que el gobierno es intransigente cuando quiere obligar a discutir su propuesta para la educación, a través de cauces institucionales aprobados en un sistema político con serias falencias de representatividad.

Si el Gobierno de verdad cree en el diálogo, cuesta creer que no busque tender uno o más puentes alternativos, en lugar de obligar a transitar por un camino institucional que los estudiantes no creen “justo, razonable o verdadero”.

Una cosa es que el discurso oficial eluda o aparente ignorar las verdaderas causas del conflicto social (no solo estudiantil) y otra muy distinta es que el Gobierno no entienda que los estudiantes desconfían de la institucionalidad.

Experiencias de desactivación de la movilización social, por la vía de su participación en instancias formales que terminan cooptándolas, existen en Chile (baste recordar la movilización social de los ’80 que permitió recuperar la democracia y la “Revolución pingüina” en 2006).

Para el movimiento social, la policía también aparece intransigente cuando dice que no actúa con agentes infiltrados. Y claro que es intransigente ampararse en la interpretación retórica para negar lo evidente, porque da lo mismo como se les llame.

Están en cada marcha y su función es actuar, como dijo un alto oficial, en forma pasiva con el grupo al que está observando. Es decir, tiene que infiltrarse, o sea, “penetrar subrepticiamente”, como dice la RAE.

Cuando la policía insiste en que sus agentes de civil o encubiertos no son infiltrados, insulta la inteligencia de la gente y no contribuye a ganarse su respeto.

No está de más recordar que el carácter de funcionario público obliga apegarse a la verdad, sin recurrir a mecanismos retóricos para disfrazar lo que ha sido visto, filmado, grabado y denunciado en todos los tonos.

Desde el Gobierno y los partidos oficialistas acusan que los realmente intransigentes son los estudiantes.

De partida, no aparece como una buena decisión la falta de respuesta formal al Ministro de Educación.

Aunque su propuesta no haya sido satisfactoria, en un diálogo se entiende que hay que contestar, sobre todo si es para decir no, porque las respuestas tácitas no facilitan el diálogo.

Además, desechar los mecanismos formales y también una eventual mediación, no es precisamente una muestra de flexibilidad. Y si la rigidez en torno a los principios puede ser admirable, expresada en torno a los mecanismos de diálogo, puede ser vista como parte de la intransigencia.

Pero los estudiantes han sido creativos y la creatividad es contraria a la rigidez inherente a la intransigencia. Si en Las Condes se hacen consultas populares (los vecinos hasta le han ganado al alcalde), ¿por qué en Chile no se podría hacer un plebiscito o consulta sobre el conflicto estudiantil?

Ante la falta de voluntad política del Gobierno y su argumento de restricciones legales, se pueden proponer pasos concretos para avanzar al plebiscito en un plazo razonable.

Ello permitiría mantener la fidelidad a los principios de la movilización y complementarla.

La falta de alternativas puede ser una mala táctica en el contexto de una estrategia de movilización exitosa.

En conclusión, hay diferencia entre unos intransigentes y otros. No todos están obligados a lo mismo.

Los estudiantes ejercen su derecho y han demostrado que lo hacen en forma pacífica.

La policía debe reprimir a los flaites, no a los estudiantes.

Y quienes gobiernan deben hacerlo con atención a lo que quiere la gente, deber inherente a su función pública.

En una democracia representativa el Gobierno debe actuar como mandatario, no como mandante. Por si fuera poco, mandar no es, en lo esencial, gobernar (la RAE entrega nueve acepciones de la palabra gobernar, solo una de las cuales la entiende como “mandar”), salvo para un gobierno autoritario o con reminiscencias de autoritarismo...

Por lo tanto, refugiarse en el origen electoral del mandato, sistema binominal de por medio, no pasa de ser otra intransigencia.