¿Seguridad social o (in)seguridad individual? A propósito de la discusión previsional

Paulina Osorio-Parraguez

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^{Co-escrita con Alejandra Fuentes-García, académica de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina e integrante Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la U. de Chile}

Las últimas semanas ha habido un tema que se ha transformado casi en ineludible de abordar en los distintos medios de televisión y prensa, e incluso en las redes sociales: la reforma al sistema de pensiones y, más específicamente, el destino del 6% adicional de cotizaciones individuales. La pregunta que genera esta discusión es ¿qué hay más allá de la distribución de ese porcentaje, del destino de ese 6% extra? ¿Cuál es el trasfondo, lo que está en la base de las discusiones que se han generado en torno a la distribución de ese porcentaje adicional?

Al parecer esto no es solo una discusión numérica, ni menos solamente con componentes que se pueden resolver sobre la base a los conocimientos de las matemáticas y la economía. Efectivamente, los ejes que van marcando esta discusión están más cercanos a los consensos que vamos generando acerca de cuáles son nuestros actuales sentidos comunes acerca de ser "sociedad". La discusión sobre la reforma al sistema previsional es mucho más profunda y de lo que nos está hablando es de qué significa vivir en sociedad.

La sociedad humana, en cuanto es un sistema organizado de relaciones e interrelaciones entre sus miembros, conlleva una serie de vínculos, confianza y solidaridad para poder perpetuarse. Los individuos de forma aislada no sobreviven. Desde este punto de vista, ser sociedad, en el sentido antropológico, implica sobrevivir (y mejor vivir) por/al estar con otros. Los seres humanos somos seres gregarios, pero no sólo en el sentido de formar parte de un grupo; sino de ocupar un lugar en ese grupo. De ahí que la solidaridad -definida por la RAE como "adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros"- se torna un elemento importante. Por lo tanto, cuando hablamos de una institucionalidad -de consensos de seguridad social-, la solidaridad, entre distintos grupos, es fundamental.

Algunos sectores todavía esperan que esta seguridad social, que esta subsistencia y protección económica en la vejez, esté dada por la familia, o por uno mismo ("ráscate con tus propias uñas") incluso en la elección individual de quien administra sus fondos.

En los últimos días hemos visto como diversos bloques políticos levantan propuestas alternativas, como subir pensiones como medida inmediata, lo cual no necesariamente es una medida sostenible. Hay que asegurar la sustentabilidad de un sistema de seguridad social que brinde dignidad a una de las etapas más vulnerables del ciclo vital de una persona, como es la vejez, y el actual modelo de AFP nos ha mostrado no serlo. No ha tenido, por ejemplo, la cualidad de mantenerse productivo para sus afiliados ante eventos de fluctuaciones o crisis económicas. Su esencia es la inestabilidad y la especulación en los mercados. Entonces, aquí surge otra pregunta que también parece clave. ¿Para qué seguir inyectando dinero (6%) a un sistema que no da seguridad económica a sus afiliados?

Al pensarnos como una sociedad altamente envejecida y cada vez más longeva, la pregunta de la sustentabilidad de nuestra seguridad social y económica para vivir con dignidad nuestras vejeces actuales y futuras, nos lleva a pensar en el rol del Estado y de otras instituciones en el marco de esta discusión. En Chile el monto de las jubilaciones y pensiones depende de cuál es la lógica del sistema previsional (de reparto, capitalización individual o mixto), las instituciones que administren los fondos y el rol que tiene el Estado. El caso de las FF.AA. y de Orden es un claro ejemplo de ello. Las pensiones gestionadas por Dipreca y Capredena, bajo mecanismo de reparto, se financian en 75% por aporte fiscal directo (Ley 18.948 o Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, de 1990 y modificada en 2019) y 25% por el aporte de la institución a través de las imposiciones previsionales del personal activo y pasivo (6%). Este mecanismo de financiamiento que ha prevalecido sin cuestionamientos desde el cambio del modelo de seguridad social durante las reformas impuestas por el régimen dictatorial ha asegurado que los jubilados en este sistema alcancen pensiones que pueden llegar a ser hasta 12 veces superiores que las pensiones de vejez que pagan las AFP y las compañías de seguros (Fundación Sol, 2023).

En relación con el salario mínimo, el 80% de las pensiones pagadas por AFP, considerando una primera generación de pensionados que ha cotizado íntegramente bajo la lógica de las cuentas individuales de estas instituciones, era inferior al salario mínimo de 2020, mientras que la totalidad de las pensiones de FF.AA. y de Orden pueden llegar a ser hasta tres a cuatro veces más altas que este monto.

Lo que ha sucedido en estos 40 años post reforma previsional, es que hay en Chile pensiones para privilegiados y otros para los trabajadores, y claramente el sistema de capitalización individual es insuficiente y limitado para asegurar pensiones dignas incluso para aquello/as que han cotizado durante toda su vida laboral. La pregunta que nos queda es si la reforma previsional está apostando por abogar por la inseguridad individual o por generar mecanismos que den sustentabilidad a modelos de "seguridad" "social", que son los que paradójicamente han primado en las FF.AA. y de Orden quienes fueron protagonistas en el régimen militar que promovió la reforma hacia el modelo neoliberal y de capitalización individual que rige actualmente a la gran mayoría en nuestro país.