Conmemorar octubre: vejez y ciudadanía olvidada

Paulina Osorio-Parraguez

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^{Coescrita con Alejandra Fuentes-García,académica de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la U. de Chile e integrante Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento}

Ya pasó otro octubre más del siglo XXI. Octubre se ha vuelto un mes para conmemorar. "Con" hace referencia a lo que acompaña a, en este caso, lo que acompaña a la memoria. "Recordar solemnemente" nos diría la RAE. Solemnemente o no, es un ejercicio de memoria que realizamos año a año. Los hechos sociohistóricos encarnados en nuestra experiencia nos llevan como sociedad a cristalizar hitos o eventos relevantes en algún marcador de tiempo, días, meses, años. Es así como nos referimos al 11-M, 11-S o al 18-O.

Octubre se consolidó desde 1990 como el mes de las personas mayores (siendo el 1° de ese mes el Día Internacional de las Personas de Edad), día que nos invita a recordar (no olvidar) que las personas mayores tienen derechos o, dicho de otro modo, son sujetos de derecho.

De igual forma, desde hace tres años octubre se ha vuelto un mes para recordar (no olvidar) el estallido social del día 18. Fecha en la que se define, socialmente, la consigna por la dignidad; de la cual la vejez y las personas mayores no permanecen ajenas: "Por una vejez digna", "Quiero una vejez digna", "Por la dignidad y derechos de los Adultos Mayores Aquí y Ahora", se leía en algunas de las pancartas en las manifestaciones masivas que ocuparon los espacios públicos a nivel nacional por aquellos días. Ello no sólo visibilizó aún más las acentuadas condiciones de desigualdad social en que envejece gran parte de las personas en nuestro país, sino también mostró que una vejez digna es y puede ser una preocupación intergeneracional, congregando a personas de distintas edades bajo la misma consigna, a la vez que aunando solidaridad intergeneracional.

Dignidad que se entendía como ejercicio de derechos y aseguramiento de aquellas condiciones materiales mínimas para una mayor igualdad social, económica y política para las personas mayores y entre las personas mayores. Solidaridad intergeneracional que se entendía como la corresponsabilidad de las distintas generaciones con y para la vejez; más que sólo una responsabilidad individual de la persona en su envejecimiento.

Estas demandas se enarbolaban desde el antecedente que dos años antes -el 15 de agosto de 2017- el Estado chileno había ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, comprometiéndose "a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor (...) sin discriminación de ningún tipo...", así como a, entre otros, "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población".

A tres años del estallido social, vale la pena preguntarse y reflexionar sobre qué ha pasado con la pancarta por la dignidad en la vejez. La situación de las personas mayores en Chile se sigue sosteniendo en condiciones de precarización que no permiten asegurar montos para una vida digna, especialmente en una sociedad cuyo costo de vida ha aumentado más de 10% en los últimos 12 meses y con un sistema de pensiones que continúa "complementándose" con ayudas económicas puntuales y focalizadas (PGU, entre otros). Aunque estas implican una ayuda concreta para el día a día de muchas personas mayores, la vejez no es una etapa de la vida que se sostiene por "complementos", el ejercicio pleno de derechos de un grupo no debería basarse en "complementos".

Chile es un país que, demográfica y socialmente, requiere repensar el lugar de las personas mayores en la sociedad y generar cambios estructurales en sus políticas de vejez y envejecimiento. Una sociedad en que la dignidad se haga costumbre requiere que el cruzar las edades que marcan el inicio de la "vejez" no sea sinónimo de empobrecimiento y miseria, sino que posibilite un sostenimiento de las últimas etapas de la vida en goce y en plena integración social. Eso al menos fue lo comprometido por el Estado chileno hace más de cinco años.