Sí, apruebo para reformar

Ignacio Imas Arenas

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Chile enfrentará la decisión política más importante desde 1988. Optará por aprobar o no la propuesta constitucional y así tener nuevas reglas que rediseñen el entramado normativo nacional. La Convención concluyó su trabajo y llega el momento de comenzar a posicionarse en esta decisión de carácter dicotómico. Por este lado, he decidido aprobar el texto que ha sido propuesto ¿por qué?

En primer lugar, reconozco que el trabajo y gestos de muchos convencionales han distado de una actitud dialogante. Se cayó en mensajes que podrían ser calificados como violentos, por ejemplo el episodio Rojas Vade o el "avanzar sin partidos". Sin embargo, es dable señalar algunos aspectos. La Convención y sus integrantes, también la propia elección del Presidente Boric, es resultado de tiempos donde las instituciones tradicionales están en crisis; hay décadas de un deterioro de confianzas en los entes rectores, sin acciones concretas por parte de una elite política y económica, a la que le explotó en la cara el 18 de octubre de 2019. Por otro lado, los mismos quienes criticaron la actitud de convencionales independientes fueron los que legislaron y presionaron para que personas no afiliadas a partidos políticos pudieran armar listas, postular y ser parte del proceso.

En segundo lugar, un importante segmento de lo planteado por la Convención es una clara modernización de lo que tenemos hoy. Por el simple hecho de aprobar esta propuesta es una esperanza de hacer de este país algo mejor; haciéndose cargo de temas como la emergencia climática o de crear instituciones de carácter equitativo, y con representación de pueblos originarios. Esto luego de décadas donde hubo inacción para tomar estos temas y tenerlos como prioridad.

La idea de "rechazar para reformar" tiene un altísimo costo institucional. Perderíamos meses tratando de lograr acuerdos en una nueva Constitución, mientras que, puntos más o puntos menos, probablemente existe acuerdo en dos aspectos a modificar de la propuesta diseñada por la Convención, el sistema político y el de justicia. Esta vía acorta el camino para el resultado más óptimo. Por último, rechazar para reformar supone que muchos de los críticos de la propuesta, y que por décadas fueron actores de veto a cambios en esta ocasión, sí que sí son proclives a un nuevo diseño institucional.

Lo que ocurre hoy con los congresistas, y las ideas de bajar el quórum para modificar esta Constitución o el rechazar para reformar, es parte de la tensión entre los sectores tradicionales que no tuvieron una representación -para ellos- que les permitió poner sus ejes temáticos en la discusión constitucional, y prefieren utilizar herramientas en instancias donde por lo pronto tienen influencia, para incidir indirectamente, ya que no tuvieron la oportunidad de ser parte.

El haber creado un escenario donde la Convención, con su configuración y temas que estaban en agenda, no quisiera realizar cambios concretos no era más que una ilusión. La misma dirigencia política que comenzó a diseñar este escenario el 15 de noviembre de 2019 debe asumir los costos y tratar de crear un ambiente propicio de diálogo una vez pasado el plebiscito, y dejar que la propia ciudadanía tome una decisión, apartando los ánimos de complejizar un contexto que ya está lo suficientemente maleado. Existen una serie de normas que deben crearse donde también se encuentran las prioridades ciudadanas, como el diseño de un nuevo sistema de seguridad social en materia de pensiones y salud, que logre reforzar un nuevo pacto entre nosotros. Uno en el cual los sectores privado y público dialoguen, donde se valore lo construido por largo tiempo. Asimismo, es mejor buscar vías de reformar parte de la Constitución una vez publicada, donde se asuma que existen falencias, pero que podría resultar siendo un buen ejercicio a través de una actitud propositiva.