¿Sueldo mínimo o ético?
La reciente propuesta de lograr un sueldo ético de $400.000 mensuales, lanzada por Monseñor Alejandro Goic, en una entrevista en un medio ligado a la Iglesia, no ha dejado indiferente a nadie.
En momentos de bajo crecimiento económico, la propuesta del obispo, sumado al video de un gran número de famosos que apoyaba la propuesta, ha provocado incomodidad entre el empresariado y especialmente en las Pymes. Sin embargo, comprendiendo más en profundidad el mensaje del representante de la Conferencia Episcopal, lo que busca es que aquellas empresas que son capaces de pagar sueldos más altos a sus trabajadores lo hagan pensando en sus familias y en el creciente costo de la vida.
Teniendo a la vista lo último, es claro que los $250.000 mensuales actuales del sueldo mínimo alcanzan para bien poco si se considera que a la persona sólo le llegan alrededor de $200.000 líquidos para salvar el mes. Esto debería ser una realidad de primer orden si se considera que actualmente, el 17% de los trabajadores que cotizan en el sistema de pensiones ganan menos del sueldo mínimo de manera autónoma.
Un ejercicio interesante es preguntarse por qué llegamos a esta realidad. En parte la respuesta va por la falta de oportunidades educacionales tanto en los jóvenes como en los adultos, donde existen más de 5 millones que aún no han terminado su enseñanza media, lo que deriva en que sus opciones de trabajo sean reducidas, con baja valoración y con escasas proyecciones de mejoras en el tiempo.
Si sumamos a esto un cuestionado sistema de capacitación, y prácticamente nulo para aquellos que no tienen empleo, tenemos que una gran cantidad de chilenos sólo pueden acceder a empleos precarios y con bajos sueldos.Si buscamos generar un país más humano y solidario no debemos pensar sólo en los estándares mínimos, que más bien son regulaciones legales,sino que pensar en aquellas condiciones sociales que hacen posible que una persona pueda contribuir con su familia a satisfacer sus necesidades básicas.
Claramente aquí el Estado también tiene un rol que cumplir, en los subsidios o beneficios no monetarios que entrega para lograr un ingreso que permita a las personas desarrollarse más allá de satisfacer sus necesidades más urgentes.
La política del ingreso ético familiar, por ejemplo, implementada en el gobierno pasado buscaba apuntar hacia ese objetivo, permitiendo ampliar los ingresos de una familia de acuerdo a transferencias monetarias condicionadas, como reconocimientos de logros y deberes en educación, salud y trabajo garantizando que no se genere dependencia a la lógica de los “bonos presidenciales”.
Pero la responsabilidad no se agota en lo que el Estado pueda hacer, también es responsabilidad de todos nosotros reflexionar sobre el tipo de desarrollo que estamos fomentando, el tipo de relaciones que tenemos –individualistas o solidarias- y cuánto estamos dispuestos a trabajar porque estas realidades, que no son para enorgullecerse, cambien.
Por eso, más allá de la polémica sobre el aparente “buenismo” de Monseñor Goic, se rescata que una autoridad social levante la voz con valentía para instalar un debate social que es de primera necesidad para quienes no les alcanza para vivir en dignidad.
Esperar que un miembro del clero solucione una cuestión que es responsabilidad de la mediación política y de la realidad que impone la técnica es un error. El debate se ha instalado y es importante que tomemos conciencia que si queremos un país que pueda dar el espacio que se merece a la familia, necesitamos propiciar las condiciones según la importancia que se merece, en el contexto de buscar un desarrollo auténticamente humano y solidario.
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