Tabú político

Una “Asamblea Constituyente” es, como se ha dicho, una “solución extra institucional”. Lo que no se ha dicho, sin embargo, es que la actual institucionalidad estatuye un “estado de excepción” que mantiene en cautiverio la expresión de la soberanía popular.

La “Asamblea Constituyente” está fuera de los posibles de una constitución antidemocrática y, en consecuencia, no podría ser sino “extra institucional”.La dictadura de Augusto Pinochet nos ha legado una carta magna concebida y diseñada por la extrema derecha como su orden ideal para el país y de la cual no hemos salido hasta hoy.

Proponer un camino de reformas como único modo de transformar esta constitución antidemocrática no solo es políticamente ingenuo sino que, en el límite, es una falacia para mantener inalterado el modelo político y económico vigente.

El cuerpo legal que nos rige excluye toda posibilidad de expresar la soberanía de las mayorías, sea a través de un plebiscito o una asamblea de ciudadanos.

De suerte que, en estricto rigor, cualquier impulso ciudadano para cambiar las “reglas del juego” es “extra institucional”. Nos encontramos ante una situación absurda que se puede expresar en la siguiente paradoja: es “ilegítimo” toda pretensión tendiente a cambiar una constitución “ilegítima”.

El advenimiento de una “democracia de baja intensidad” naturalizó el orden dictatorial con leves reformas cosméticas, pero sin modificar el diseño matriz.

La constitución fue la garantía para “proyectar la obra” del General, creando una maraña de intereses políticos y económicos que compromete a las elites hasta el presente.

Se instituyó en nuestra sociedad el ideario de extrema derecha, neoliberal en lo económico, autoritario y excluyente en lo político.

La “legalidad” constitucional de extrema derecha ha sido el espacio judicativo “natural” en que se desenvuelve la vida nacional. En nombre del “realismo político”, vivimos la grotesca situación de que hasta personeros que se definen como “socialistas” defienden la actual institucionalidad.

El reclamo de una asamblea de ciudadanos para concebir una nueva carta constitucional viene a actualizar un “tabú político”. La demanda por una “Asamblea Constituyente” pone de manifiesto que el actual orden antidemocrático de extrema derecha no es sostenible en el largo plazo. Las soluciones de los años noventa del siglo pasado ya no funcionan.

No hay recetas para construir el mañana, mucho menos en el complejo mundo que nos toca vivir, pero hay demandas sociales que exigen buscar maneras de profundizar la democracia en todos los órdenes de la vida.

Necesitamos avanzar hacia formas democráticas y participativas que superen el “estado de excepción” en que nos encontramos, aboliendo para siempre la herencia lamentable de una dictadura militar.