Tenencia responsable de armas
La seguridad pública es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de nuestro país, alarmada por el incremento de delitos violentos y armados. En ese incremento, entre 2016 y 2020, la tasa de homicidios creció en gran medida, a partir de la incidencia de las armas de fuego.
En Chile, según lo que han reportado autoridades y policías, cerca del 25% de las armas incautadas a organizaciones criminales desbaratadas, o presentes en sitios con eventos criminales, son armas que fueron inscritas y que sobre otro 25% es imposible saber con certeza, pues tienen sus números de serie borrados, lo que hace suponer que también estuvieron inscritas.
De acuerdo a datos de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), entre 2016 y 2021 se inscribieron 43.129 armas de fuego y, durante el mismo período, se declararon extraviadas, hurtadas o robadas 27.607 armas de fuego inscritas.
Un informe de Contraloría de 2019, sobre la base a antecedentes de la misma DGMN, daba cuenta de más de 760.000 armas inscritas. De esa cifra 183.000 correspondían a armas inscritas a nombre de fallecidos y 23.000 habían sido inscritas por personas con antecedentes penales. Sobre 1.000 estaban a nombre de menores de edad, sin calificación de deportistas. Una significativa parte de esas inscripciones no tenían comprobación domiciliaria.
Lo anterior ilustra la necesidad de mejorar el control de las armas de fuego, tanto respecto de su autorización como de su tenencia. Tener un arma de fuego debiera ser considerada una gran responsabilidad y la autorización de esa tenencia basada en la certeza de que habrá consecuencias si ellas se pierden o extravían. Sin embargo, en Chile los requisitos para inscribir armas de fuego son muy poco exigentes, permitiendo que, por ejemplo, personas que han extraviado un arma legal puedan inscribir otra y que no haya consecuencias respecto de la tenencia no responsable.
Avanzar a una normativa más exigente de autorización para la tenencia de armas de fuego, pareciera ser un camino a seguir para detener el flujo de armas legalmente inscritas al mercado ilegal. Lo anterior debiera, además, llevarnos a reflexionar respecto de cuál es el nivel de armas tolerable en el país y cuáles pueden ser las razones que justifiquen que alguien las tenga legalmente.
En consecuencia, la tenencia ilegal de armas -considerando aquellas que provienen del contrabando, en una cuantía indeterminada- debiera ser objeto de una penalización definitivamente mayor, así como debiera ser altamente agravante su uso en la comisión de delitos.
La seguridad pública y la forma de obtener una disminución de la criminalidad, requieren de una urgente acción legislativa de parte del gobierno y el parlamento, que permita una ley más eficaz en el control de las armas y su creciente incidencia en los delitos.
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