A estas alturas, no es necesario insistir sobre la gravedad de la pandemia y sus consecuencias. Tampoco debiera ser necesario insistir sobre la importancia de escuchar antes para evitar tomar malas decisiones o cometer omisiones que terminan siendo errores. Pero nunca se sabe, tal como demuestran los hechos recientes.
Hace un par de días, se firmó el “Marco de Entendimiento para el Plan de Emergencia por la Protección de los ingresos de las familias y la Reactivación económica y del Empleo”.
Con ello se crearía un fondo extra presupuestario llamado “Fondo Covid”, que en dos años podrá ejecutar hasta 12 mil millones de dólares. La noticia fue acogida con optimismo, primero, y preocupación, luego, cuando se descubrió que faltaba transparencia sobre aspectos del acuerdo y su implementación que recordaban la ya clásica “letra chica”.
Pero hay algo más, y es allí donde falta llamar la atención. El último punto, y por lejos el que menos información entrega, se llama “Transparencia”.
La estimación es que con el fondo Covid subiremos la deuda pública bruta de Chile desde 28% del PIB a fines de 2019 a 43% a fines de 2022. En el documento se explica que junto con la flexibilidad para una ejecución oportuna de los recursos debe haber transparencia. Para ello, se contará con la Contraloría General de la República y los mecanismos de fiscalización de la Cámara de Diputados.
Es muy probable que no sea suficiente. Por eso en los próximos días vamos a presentar el Observatorio Transparencia Ciudadana, para contribuir a la prevención y al combate de la corrupción, promoviendo una cultura de probidad, transparencia y mejores prácticas en la materia y, en especial, del gasto público. Además, vamos a establecer un canal de denuncias donde todo ciudadano pueda entregar, con garantías de anonimato y no represalia, cualquier información que permita conocer casos o situaciones vinculadas a la corrupción. Nuestro compromiso será analizar dicha información, ordenarla y entregarla a las autoridades para su investigación, haciendo un seguimiento de los casos.
Nuestra motivación parte de la evidencia internacional: la pandemia aumenta el riesgo de profundizar y extender los actos de corrupción, porque las urgencias, las magnitudes de desembolsos y la falta de control, son el caldo de cultivo perfecto para el incremento de estos delitos.
No podemos permitir que el dinero de todos termine siendo usado para beneficiar a determinados grupos y que se incremente el abuso y la desigualdad.
La ciudadanía chilena necesita saber para cómo se gastan sus recursos, cómo se toman las decisiones para su uso, a quiénes beneficia y los actos de corrupción que hay que impedir.
En una democracia, el ejercicio del poder, se hace rindiendo cuentas. Una institucionalidad sólida y legítima debiera bastar. Pero lamentablemente, la historia de esta pandemia no ha hecho más que reafirmar el rol fundamental que le toca desempeñar a la sociedad civil.
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