Uso legítimo de la autoridad

Cristián Loewe

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A pocas horas del indignante asesinato de Segundo Catril Neculqueo, la ministra Camila Vallejo publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Quienes crean que pueden atacar al pueblo impunemente, se equivocan". Giorgio Jackson, por su parte, pidió no aprovechar políticamente estos hechos de violencia. Finalmente, el mismo Presidente Boric señaló que no se tolerará la violencia como método de solución de conflictos.

Tres declaraciones que resumen de buena manera la piedra en el zapato del Gobierno en estos tres meses al mando del país: la imposibilidad de tomar decisiones. En cambio, por cada nueva muerte o episodio de violencia, se dan un festín lírico entre poesías y declaraciones de buena voluntad.

A estas alturas del asunto, las condenas y manifestaciones de preocupación son un mínimo que ya no sirve para nada. Ante la inacción manifiesta, el terrorismo del sur no demorará en doblar la apuesta y embestir cada día con más fuerza y mayores pretensiones.

Desde la fallida visita de la ministra Siches a La Araucanía -simbólicamente a pocos días de asumida la nueva administración- quedó meridianamente claro que el terrorismo de la macrozona sur no claudicará un ápice por tener a la izquierda en el gobierno. Esa mirada, llena de mesianismo e ingenuidad, recibió un choque de realidad brutal.

Por otro lado, pareciera que en este asunto hay otra cuenta aún pendiente. La génesis de lo que hoy conocemos como el "octubrismo" tuvo a la clase política como principal protagonista, con participación de la izquierda en rol estelar. Especialmente el Presidente Boric y sus ministros Jackson y Vallejo, quienes siendo parlamentarios de alta monta no sólo no condenaron la violencia con el ahínco que merecía, sino incluso alentaron la evasión masiva del metro por parte de los estudiantes secundarios.

Ahora, desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Boric enfrenta un desafío que ya es ineludible: asumir su rol de Jefe de Estado y aplicar el uso legítimo de la fuerza para defender a la ciudadanía, la democracia y el Estado de Derecho. Debe abandonar cuanto antes su rol como político de oposición, limitado -en su caso- a alabar o criticar la contingencia a la carta del día. En ese sentido, para hacerle frente a una crisis de seguridad de esta magnitud, el Gobierno debe estar dispuesto a asumir costos serios de índole política y comunicacional para su propia coalición.

Como punto de partida, respaldar la necesaria presencia de las Fuerzas Armadas en la zona. Luego, parece evidente que las personas que siguen sosteniendo que la falta de Estado de Derecho en la Macrozona Sur se soluciona con "más diálogo" deben salir cuanto antes de los lugares de toma de decisión.

Esto último implica, entre otras cosas, enfrentar de una vez por todas al Partido Comunista, que consistentemente ha advertido que pateará el tablero cada vez que le parezca necesario. Mal que mal, la primavera de tener un pie dentro y otro fuera de La Moneda no puede durar para siempre.

Las decisiones urgen y el tiempo apremia. La Cuenta Pública Presidencial del 1 de junio está a la vuelta de la esquina y parece ser la oportunidad ideal para mostrar coraje y acciones en lugar pésames y buenas intenciones.