Veto a la ley de usurpaciones: portazo del Gobierno
A pesar de que el Gobierno ha manifestado su preocupación por la situación de violencia que sufrimos en la macrozona sur, constantemente ha dado muestras de su desinterés y desprecio con una realidad que afecta duramente a miles de chilenos, quienes día tras día viven con miedo a ser víctimas de algún ataque terrorista, ya que todas las semanas ven como se queman sus viviendas, fuentes de trabajo, iglesias, escuelas rurales y, últimamente, incluso centros de salud.
La demostración más palmaria de la indolencia y desidia del Ejecutivo quedó manifestada en el reciente anuncio de veto al proyecto de ley que sanciona con pena de cárcel los delitos de usurpación violenta y no violenta, fundando sus argumentos en que la moción "promovería la autotutela y la contratación de matones", lo cual es una afirmación totalmente alejada de la realidad.
La legítima defensa privilegiada es una figura ya conocida en nuestra legislación, por lo que decir que llevará a que las personas hagan justicia por sus propias manos no sólo es una falacia, sino que viene a caricaturizar la situación día a día viven cientos de familias en la región de La Araucanía.
Por lo pronto, las afirmaciones de altos personeros de Gobierno dan cuenta de un profundo desconocimiento en materia penal, el cual resulta, por decir lo menos, sorprendente, ya que la usurpación siempre ha sido un delito permanente, permitiendo su flagrancia que quién se encuentra cometiendo aquel delito sea detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes.
Asimismo, la legítima defensa privilegiada sólo quiere decir que se presume que se cumplieron los requisitos que permiten calificar a la agresión como ilegítima, así como también verificar la racionalidad del medio empleado y la falta de provocación suficiente, pero no se justificará jamás un linchamiento ni la contratación de mafias. Todos los actos recién señalados deben ser ejecutados por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Las críticas del Poder Ejecutivo denotan tan solo la falta de confianza en el justo criterio que cualquier juez o fiscal tendría ante una situación como esta, sino que también que el Gobierno no ve, o no quiere ver, todo lo que está ocurriendo en la macrozona sur, como en otros lugares de nuestro país, en los cuales esta ley viene a ser un verdadero alivio.
Por ello, no basta con "señalar" que se requiere de acciones concretas para devolverle la paz a La Araucanía: es necesario tomar medidas robustas y urgentes, pero además tener la voluntad y dejar el sesgo ideológico de lado para hacerlo.
El Estado debe tener más y mejores herramientas legales para perseguir un delito violento que tanto daño ha causado en nuestra región. El ingreso de un veto presidencial a este proyecto solo sería dar un portazo en la cara a todas las personas que son víctimas de la violencia ejercida por estos grupos terroristas que operan en la región.
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