Anteproyecto constitucional y descentralización: ¿Hacia dónde vamos?
Sin dudas el anteproyecto elaborado por la Comisión de Expertos marca notables diferencias respecto del proceso anterior. Si el documento de la fracasada convención denotaba un ánimo voluntarista y refundacional, el actual se caracteriza por la responsabilidad jurídica en sintonía con la tradición constitucional de nuestro país.
Ahora bien, un aspecto poco difundido -pero de alta relevancia para Chile- dice relación con el espíritu y las temáticas establecidas en materia de descentralización y desarrollo territorial.
A diferencia de la propuesta constitucional de 2022, el anteproyecto elaborado por los expertos asume de nuestra nación el carácter unitario y descentralizado de Chile, promoviendo la coordinación, la integración armónica y el desarrollo sostenible entre los diferentes niveles administrativos que puedan coexistir, entre ellos, el nacional, regional y local.
De manera complementaria, la propuesta busca avanzar hacia gobiernos regionales y locales de carácter autónomos, dejando a una futura ley las competencias que se establezcan para ello, todo en el marco de un desarrollo equitativo y solidario para con las regiones, provincias y comunas; poniendo especial atención a aquellas regiones extremas. Dicho tema resulta de vital importancia, pues se asume como mandato constitucional, algo que actualmente es un requerimiento histórico de las autoridades locales, pasar de meras administraciones a verdaderos gobiernos locales, como también poner a los territorios extremos y rezagados como prioridad.
Asimismo, el anteproyecto busca avanzar en la descentralización administrativa y fiscal. Sobre el primero, asume como necesario el traspaso de competencias y atribuciones desde el nivel central hacia los gobiernos subnacionales, algo que se ha venido haciendo durante los diferentes gobiernos, pero que ahora se asume con reconocimiento constitucional, dejando a la ley la forma y el modo en que éstas se realicen.
Sobre el segundo, se reconoce que para lograr dicho desarrollo armónico, equitativo y solidario entre las regiones es imprescindible estimular la descentralización fiscal, buscando la corrección de las desigualdades territoriales que existan entre ellos.
En ese sentido, se proponen mecanismos de compensación económica interterritorial, establecidos mediante transferencias del gobierno central al subnacional, pero subordinadas al principio de responsabilidad fiscal. También destaca la facultad que tendrán los gobiernos locales y regionales de contratar empréstitos, algo novedoso y que en la actualidad no está considerado dentro de nuestra carta magna, y que permitirá avanzar con mayor celeridad en aquellos objetivos que por años se han postergado por falta de gestión presupuestaria.
De esta manera, son amplias las diferencias -en contenido y espíritu- del anteproyecto propuesto por la Comisión Experta en materia de descentralización respecto del proceso anterior.
Avanzar hacia un Chile descentralizado y territorialmente desarrollado ha sido una tarea asumida por los diferentes gobiernos y que ahora podrá contar con reconocimiento y mandato constitucional. Le corresponderá al Consejo Constitucional introducir cambios razonables al texto, como también innovaciones responsables respetando las 12 bases acordadas.
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