Coescrita con Nicolás Villar M., magister en Políticas Públicas, Universidad de Chile
Descentralizar Chile, distribuir mejor el poder y los recursos, como también buscar las mejores opciones para el desarrollo territorial se ha transformado desde hace algunas décadas en una agenda transversal asumida por diferentes gobiernos.
Ad portas de un nuevo plebiscito constitucional, se valora que la propuesta establezca mayor capacidad institucional que faculte a las entidades subnacionales a impulsar la economía regional, mejorar la infraestructura local y que otorgue marcos de referencia y principios para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible en todas las regiones del país. Sin duda un avance sustantivo respecto del actual texto vigente y que permitiría abordar las desigualdades territoriales en términos de acceso a servicios, empleo y oportunidades económicas.
En un análisis más específico de la propuesta, se observan varias situaciones relevantes en el marco de la promoción y garantía de la descentralización y desarrollo territorial en el Estado Chileno. Destaca en primer término la ratificación de la autonomía de gobiernos regionales y comunales para la gestión de sus asuntos en el ejercicio de sus competencias legales. En esa misma línea, la ley promoverá el fortalecimiento de la descentralización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas que integran el territorio nacional, con especial atención a territorios especiales para el desarrollo del país. En torno a esto último, es destacable que el proyecto considere el desarrollo territorial de manera equitativa y solidaria, entendiendo que Chile es una nación con inequidades entre sus distintos territorios lo cual es deseable sean atenuadas.
Un segundo aspecto a relevar es la orientación hacia una "descentralización con equidad" en que el proyecto considera que el Estado debe promover la conectividad y el desarrollo armónico, equitativo y solidario entre las regiones y comunas de Chile. En dicho sentido, mandata la adopción de medidas para disminuir los desequilibrios económicos y sociales existentes entre ellas, resguardando que todas las personas y comunidades tengan acceso a igual nivel y calidad de servicios públicos, especialmente en infraestructura pública, sin distinción del lugar en que habiten. Este principio es fundamental en el reconocimiento del esfuerzo por establecer un desarrollo territorial en múltiples ámbitos, bajo el fundamento del establecimiento de un "piso común" en el nivel y calidad de prestaciones públicas que otorga el Estado a la ciudadanía, corrigiendo eventualmente las diferencias en niveles y desequilibrios en el desarrollo que están presentes en el país.
En cuanto a la descentralización fiscal destaca la mantención del esquema actual de compensación económica interterritorial en las transferencias fiscales a gobiernos regionales y locales. Para esto, la ley contemplará mecanismos tales como: a) De financiamiento basal para entidades regionales, municipales y territorios especiales, b) De solidaridad basados en la equidad territorial, o c) Compensatorios por externalidades negativas, destinados a regiones y comunas que sufran consecuencias ambientales o sociales producto del desarrollo de determinadas actividades.
Un cuarto ámbito en que debemos puntualizar en el actual proyecto constitucional es en el foco hacia la protección del medio ambiente y el impulso hacia la sustentabilidad. En esa línea, existe una orientación hacia el desarrollo territorial con promoción del cuidado de la naturaleza y su biodiversidad, en la consideración del bienestar de las actuales y futuras generaciones.
Por su parte, hay una disposición hacia el desarrollo territorial en su vertiente social, económica, y por sobre todo ambiental y sustentable. Sobre esto último considera también que es deber del Estado promover una matriz energética compatible con la protección del medio ambiente, así como de la gestión de los residuos, y fomentar el desarrollo armónico, solidario y sustentable del territorio nacional.
En resumen, al establecer un parámetro de comparación objetivo y justo entre el texto constitucional vigente y la propuesta, ésta última entrega señales de avance en materia de descentralización y desarrollo territorial, tanto a nivel institucional, administrativo y fiscal. Chile requiere con urgencia poner la mirada en las regiones y sus comunidades, avanzar en mayor planificación y desarrollo debiese ser un mínimo para el futuro.
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