Concesiones en salud

Recientemente hemos observado un interesante debate sobre la conveniencia o no de considerar la alternativa de la concesión privada en la implementación de hospitales públicos. Pese a lo complejo del tema, llama la atención la facilidad con la que distintos actores políticos, gremiales y sociales se muestran a favor o en contra, sin una suficiente argumentación técnica.

Para comenzar, nos parece fundamental definir qué entendemos por concesión en al área de Salud. Ello porque el nivel de participación privada en la implementación de un hospital, puede tener un alcance tan amplio como lo siguiente.

Se le puede pedir a una empresa que sólo construya la infraestructura (en cuyo caso el financiamiento es público y el patrimonio es siempre del Estado) hasta la concesión de la atención de salud completa para un área geográfica determinada (financiamiento completamente privado con patrimonio propio).

Por supuesto, hay alternativas intermedias, en que, por ejemplo, la construcción y/o el diseño del edificio se encargan a una empresa privada, quien además se hace cargo de proveer los servicios no clínicos (como mantenimiento y aseo), manteniendo la responsabilidad de la atención clínica en el Estado.

Otras múltiples opciones surgen de la combinación de distintos factores, como el origen del financiamiento necesario para la inversión o la forma de pago al sector privado (por obra construida, por servicio prestado, por persona atendida, por hospitalización, etc).

Entonces, cuando algún actor relevante del mundo político se muestra a favor o en contra de las concesiones en Salud, ¿a qué se está refiriendo exactamente?

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y del Ministerio de Salud, el número de camas disponibles en el sistema público bajó de 3 camas por mil beneficiarios a una proporción de 1,9 por cada mil, entre el año 2000 y el 2015. Por otra parte, el promedio de camas en países OCDE es de 4,9 por cada mil habitantes con lo que, según estas cifras, el déficit en el país es de al menos 45.000 camas.

Entre 2012 y 2016 se ha duplicado el gasto de los servicios de salud en prestadores privados, debido fundamentalmente a la falta de especialistas y de cupos en los distintos establecimientos públicos. De esta manera, el año pasado el ministerio de Salud gastó 229 mil millones de pesos en compra de insumos y servicios al sector privado,de los cuales un 63% corresponde a hemodiálisis y un 18% a compra de “camas críticas”.

Es cierto que se podrían mejorar algunos aspectos de la gestión al interior de los establecimientos de salud que permitan, por ejemplo, disminuir los días de estadía en cada uno de ellos a fin de permitir una mayor “rotación” de usuarios.

Sin embargo, los acelerados cambios en nuestra población, como su mayor longevidad, hacen que las patologías que se deben resolver sean más complejas y, por tanto, aumenta la posibilidad de que cada habitante requiera una atención especializada y eventualmente una hospitalización.

Considerando la tendencia del gasto público efectuado para resolver en el sistema privado los problemas de salud de sus beneficiarios, es que se hace inevitable que se busquen alternativas que permitan atender estas necesidades a un costo que sea sostenible en el tiempo e idealmente dentro de la red pública.

Para ello puede ser necesario realizar algún tipo de convenio con el sector privado, que asegure, por ejemplo, el financiamiento, el diseño y la construcción de nuevos establecimientos de salud, en un plazo razonable y con costos conocidos de antemano.

Lo más probable es que al paciente gravemente enfermo, que se le atiende oportunamente y se le resuelve su problema de salud no le importe mayormente el edificio donde se atiende fue primariamente financiado o no por el Estado, o si es que la construcción del mismo fue licitada o concesionada.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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