El concepto de "desigualdades en salud" cada cierto tiempo se convierte en trending topic, sobre todo cuando se toman decisiones que impactan a un amplio sector poblacional, pero ¿es realmente un problema o más bien un slogan de campaña política?
Revisemos primero ¿qué se entiende por "desigualdades en salud"? El concepto alude a diferencias sistemáticas y estructurales en el estado de salud entre y dentro de los grupos sociales. Un concepto estrechamente relacionado es el de "inequidades en salud", el cual refiere a las mismas diferencias en el estado de salud entre y dentro de los grupos sociales, pero que se consideran injustas, modificables y prevenibles.
Sabemos que el fenómeno es real, y más allá de un eslogan de campaña, la evidencia apunta a que existe una gradiente social inversa, esto es, que personas que tienen menor nivel educacional, menores ingresos económicos, o que ocupan posiciones sociales más bajas, son personas que tienen más enfermedades.
Las estadísticas así lo confirman. Sin ir más lejos, en Chile según la última Encuesta Nacional de Salud (ENS) del 2016-2017, se demuestra que las personas que tienen menos de 8 años de educación comparados con quienes tienen más de 12 años, tienen peor estado nutricional, son más sedentarios, consumen menos frutas y verduras, y presentan mayor prevalencia de síndrome metabólico. En línea con esto, según la Encuesta de Calidad de Vida y Salud (Encavi) del año 2015-2016, las personas con 8 o menos años de educación formal comparados con aquellos que tienen educación superior completa tienen peor calidad de vida, perciben peor estado de salud y son menos felices.
Las desigualdades en salud se encarnan en la vida cotidiana de las personas. En Chile, 70% de las personas están afiliadas a Fonasa, quienes, comparados con usuarios de isapres evalúan más negativamente la calidad de la atención recibida en salud, el acceso a prestaciones médicas, la calidad de infraestructura médica, el tiempo que el médico les dedicó en la consulta, y el tiempo que tuvieron que esperar para ser atendidos (Encuesta Nacional de Salud Ipsos, 2021).
A lo anterior debemos sumar que los pacientes perciben tratos injustos en salud, los cuales son atribuidos a su condición socioeconómica. Nuestros estudios -realizados en el Laboratorio de Estrés y Salud de la Universidad de La Frontera- indican que los pacientes de menor nivel socioeconómico, perciben que los profesionales del área de la salud no les explican resultados de exámenes, les hablan menos, les explican menos los procedimientos que les realizan y en algunos casos le hacen comentarios ofensivos, etc. Esta situación se invierte en la medida que aumenta el nivel socioeconómico de los pacientes. Lo anteriormente descrito exacerba de forma no virtuosa el problema, pues un paciente que percibe malos tratos en salud tiende a discontinuar su tratamiento y de paso empeorar la progresión de su enfermedad.
Debemos hacernos cargo del problema, pues como fue mencionado las inequidades en salud son injustas, modificables y prevenibles. Para hacerlo no sólo necesitamos un marco normativo que consagre igualdad de derechos y acceso universal a salud, sino que también debemos considerar la formación de profesionales del área de la salud, quienes por lo general no son entrenados en competencias socioculturales que favorezcan una interacción de calidad con los pacientes. Por otra parte, es importante también aumentar la literacidad en salud de los pacientes y diseñar dispositivos de entrega y consumo de información en salud que faciliten las conductas en salud de todas las personas, sin importar su condición socioeconómica.
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