El Presidente anuncia que se retomará la discusión de la legalización del aborto. Lo que se hizo fue despenalizar el aborto en tres causales: 1) riesgo grave de la madre; 2) inviabilidad o vida precaria del feto cuando nazca; 3) violación. Es distinto la despenalización donde no se contradice la valoración positiva de la vida que es el fundamento de toda la legislación sobre el ser humano, de la legalización del aborto donde se relativiza que esa valoración positiva de la vida tiene excepción al decidir un aborto.
Todos los ciudadanos del país debemos definirnos sobre el valor que le damos a la vida humana y de animales en condiciones acotadas, en donde es, sin excepciones, un principio que todos aceptamos. Todo acto de quitar la vida a un ser humano es negativo y su condena no tiene excepciones. La ética, moral y la ley se hacen cargo de situaciones donde matar es inexorable, como en defensa propia, en caso de guerra, primera causal de aborto y otras, entre las cuales están los deportes extremos donde un contrincante puede matar a otro por accidente (o no tanto) como el box (prohibido por el Colegio Médico de Chile) y ahora el aborto y eutanasia. Desde un punto de vista ético o moral, la defensa propia, el matar en la guerra y el aborto en la primera causal difieren radicalmente del aborto libre, porque en las tres primeras no hay intención primaria de matar sino de defenderse y si hubiera una solución sin muerte, de todos modos, se seguiría. En el aborto provocado la intención consciente primaria y deseada es matar al feto o embrión. Si no existe esta condición no hay aborto punible por ley o moral. Se tendrá, aborto espontáneo, accidental, aborto como secuencia de otra acción (doble o triple efecto), etc.
Tenemos un choque de vectores valóricos insoluble. Este vector tiene en un polo la vida del embrión o feto y en el otro la autonomía de la madre y su decisión de matarlo. Son incompatibles porque el resultado es embrión o feto muerto y en el otro es embrión o feto vivo, y se está vivo o muerto, pero no ambos. Si se toma la solución legalizando el aborto se viola el principio de respeto absoluto a la vida y se obliga a todos a compartir esta violación; se impone a toda la sociedad el vector valórico donde la autonomía de la madre es superior a la vida del feto, y el matar fetos es un acto positivo. Si se toma el vector donde la vida del feto es superior a la autonomía de la madre se impone este vector a las madres (y a todo el equipo que realizará el aborto) que no lo comparten, pero pudo legislarse despenalizando el aborto que parece satisfactorio valóricamente.
La intención de legislar, para que sea adecuada a ambos vectores, debe posibilitar la realización de ambas decisiones sin obligar a ningún grupo a que directa o indirectamente imponga su ideología o escala valórica al otro. He propuesto desde hace más de 15 años una solución que no entiendo por qué no se ha implementado. Este tipo de aborto no es una urgencia, se tiene un embarazo y la mujer no quiere tenerlo más y se le hace perentorio abortar y puede hacerlo en cualquier hospital de la cercanía o no tan cercano, pero al cual puede llegar, como dice un amigo, derivados desde Isla de Pascua al Continente. Entonces, es posible crear centros o equipos profesionales de interrupción legal del embarazo adonde puedan ir las mujeres embarazadas que deseen abortar y donde estén los profesionales no objetores de conciencia que no tengan problema para realizar la intervención. Todos de acuerdo con ese vector valórico. Así no se obliga a nadie a compartir esas valoraciones y se asegura una atención de calidad. Desde un punto de vista moral en el sistema actual nadie toma la responsabilidad moral o se hace cargo de la matanza del embrión o feto. En este sistema de centros o equipos de interrupción del embarazo la mujer se hace cargo porque ella es la responsable directa ya que toma la decisión crítica en la muerte del feto y esta no se diluye en el equipo obstétrico o en la responsabilidad estatal.
Puede constituir un problema crear muchos centros a lo largo del país. Entonces parece ser mejor garantizar que en todos los hospitales haya médicos y profesionales no-objetores que se organicen en equipo (reemplaza al centro) para dar esta atención. El Estado debe garantizar que los haya en todo el país. En el hospital que no los haya el estado garantizará que se contraten los suficientes independientemente de los objetores que existan. También es necesario que haya todo el equipo de apoyo y atención de la mujer que acude a abortar como está señalado en la ley de despenalización en las tres causales. La constitución y operación de estos equipos legalizados para interrumpir el embarazo estaría dada en un reglamento.
Parece sencillo, adecuado y deja a todas las morales satisfechas. Pero surgen problemas. En realidad, nadie debería recurrir al aborto porque ya todas las mujeres pueden acceder a los anticonceptivos, también los varones a condones y se inicia la vasectomía, hay anticoncepción de emergencia y los casos donde no haya acceso es sencillo lograrlo con voluntad política de salud pública. Solo el fracaso de anticonceptivos y la violación aparecen como causales más frecuentes de aborto punible. Un caso más complejo necesita el consentimiento del padre. Una pareja que están muy enamorados deciden un embarazo, ambos están muy contentos; por algún motivo la mujer se enamora de otro varón, se separa del primero y se va con el segundo que plantea el aborto porque él no quiere el niño del primero, quién reclama que como no ha tenido hijos, ese era su esperanza de vida, además tiene la mitad de su genoma y por lo tanto tiene propiedad. Vaya problema...
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