El derecho a una alimentación saludable
En los últimos años la comunidad internacional ha impulsado a los gobiernos a mirar con mayor detenimiento a la alimentación sana de sus ciudadanos. En América del Sur luego de varias décadas de bonanzas de sus exportaciones de alimentos hacia Europa, al norte de América y a los países asiáticos, se observa que los sistemas alimentarios, al interno de los países muestran una gran fragilidad en materia de consumo saludable de alimentos.
Pasados los años de la desnutrición como el flagelo principal, hoy es la malnutrición con los efectos en la obesidad y en las enfermedades no trasmisibles (hipertensión, diabetes, cáncer y pulmonares).
En recientes documentos de la OMS/OPS y de FAO, señalan que “la creación, desarrollo y fortalecimiento de los sistemas alimentarios nacionales y locales que protejan la salud pública en América Latina requieren que el compromiso y la inversión sean una prioridad máxima para los gobiernos nacionales.”
Un problema que en Chile ha comenzado a ser tratado con más recurrencia y por lo menos en los últimos dos periodos de gobierno, han intentado analizar este problema y generar ideas para proyectos de ley que incorporen la alimentación sana como responsabilidad pública y ha sido en el ministerio de Agricultura (Agricultura, pesca, forestal y alimentación), una idea que se viene discutiendo desde los años 2000 cuando se realizó la mesa de diálogo agrícola que generó la Política de Estado para la Agricultura chilena 2000-2010, uno de los éxitos más importantes para la acción pública-privada del país en el sector. Sin embargo, aún no se discute en el Congreso el tema que incorpora el ámbito “alimentación” en los roles de ese Ministerio.
La alimentación saludable está relacionada con muchas las áreas de la sociedad: salud, educación, agricultura, desarrollo social, trabajo, medio ambiente y economía, por ello es que en necesario poner a funcionar en una mesa de trabajo el derecho a una alimentación saludable, y definir una política pública y estrategias para abordar el consumo de alimentos seguros e inocuos como un tema relevante.
Los ciudadanos merecen que sus parlamentarios y gobierno, incorporen en sus análisis los temas del derecho a la alimentación saludable, contenido en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos (1948) que señala: “Toda persona, sola o en común, tiene acceso físico y económico, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla” y que estos derechos fundamentales constituyen instrumentos de protección para las personas para resguardar sus intereses vitales.
El derecho a la alimentación permite que las personas se alimenten en condiciones de dignidad y que las personas satisfagan sus necesidades con su esfuerzo y utilizando sus propios recursos, esto incluye el rol de "saludable" a la alimentación proveyendo el ambiente propicio para que la sociedad utilice su potencialidad para la cadena producción-consumo de alimentación saludable y enfrentarlo por medio de un sistema alimentario nacional.
En el año 2010, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, elaboro y promovió “El derecho a la alimentación adecuada”, en que se señala que “el alimento debe estar disponible y ser accesible y adecuado”, pero luego las naciones profundizaron sobre el tema de la alimentación y en los últimos años el hablar de los sistemas alimentarios incorporaron la característica de "saludable", donde los Estados se hacen garantes y responsables de velar por el derecho a la alimentación de toda la población.
En los países se comienza en sus centros de estudio a analizar este tema e incorporarlos en las legislaciones y en los ministerios encargados de responsabilizarse de sus partes en estas propuestas, comenzando a pensar en la elaboración de una estrategia nacional para la aplicación del derecho a la alimentación saludable.
Chile muestra hoy un 23% de los escolares obesos, con casi la mitad de la población adulta con enfermedades crónicas asociadas a obesidad, el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación establece que, “los Estados deben proteger el derecho a una alimentación adecuada mediante la adopción de medidas que reduzcan las repercusiones negativas que tiene los actuales sistemas alimentarios en la salud pública” y que “para la sociedad el costo de la malnutrición es inmenso, tanto el costo directo (atención sanitaria) como el costo indirecto (pérdida de productividad), y hasta ahora se ha demostrado la ineficacia de la autorregulación de la industria agroalimentaria”.
Como lo señalan OPS, FAO y el INTA “Considerando el nuevo perfil epidemiológico, demográfico y económico, Chile debiera ser capaz de mirar en forma integrada los nuevos problemas alimentarios que derivan de este modelo de sociedad, que ha generado el desplazamiento de los alimentos tradicionales y su reemplazo por comida procesada, así como, la aparición de riesgos crónicos en salud producto de la contaminación de alimentos, tierra y agua”.
La alimentación saludable es un factor determinante en la calidad de vida de las personas, especialmente en los grupos de menores recursos, quienes deben comer todos los días, no hay opción de no comer.
La incorporación de temas tan básicos para la vida de las personas como el derecho a una alimentación saludable y segura es un motivo para despertar a la ciudadanía, sus gobernantes, a sus legisladores y a los centros de estudio sobre la importancia de sacar del empolvado baúl de la responsabilidad por la alimentación saludable de una comida que aporta todos los nutrientes esenciales, la energía y la sanidad que cada persona necesita para mantener su salud y como dice la canción “darle más vida a los años”.
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