En salud pública, avanzar sobre lo realizado

Gisela Alarcón Rojas

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Para seguir avanzando en  una mejor salud para Chile es necesario seguir construyendo sobre lo realizado. Rechacemos el descrédito de un sistema que atiende a más del 80% de nuestra población.

El  2014  recibimos una lista de espera no GES para consultas y cirugías de casi 1,8 millones de registros, y el 50% de las personas esperaba por más de 2 años. ¿Era esto aceptable?  

Estas lamentables cifras  fueron  por primera vez transparentadas a la ciudadanía por nuestra administración y  el primer criterio que se instaló para su resolución fue la antigüedad en la lista y los pacientes con problemas oncológicos.

Luego, en 2016 se priorizó también a niños y niñas de SENAME. A comienzos de 2017 se decide cambiar el sistema informático (RNLE: repositorio nacional de listas de espera) por el SIGTE (Sistema de Gestión de Tiempos de Espera) que incorpora otros 8 criterios de priorización, mejor trazabilidad clínica y mayor interconexión con otros sistemas además de  un portal ciudadano.

La necesidad de este sistema fue ratificada por la Comisión Asesora sobre tiempos de espera en mayo de 2017 y  quedó en plena puesta en marcha al final de nuestro Gobierno.

Esta priorización está claramente establecida en los Compromisos de Gestión de los 4 años de Gobierno firmados por todos los Directores de Servicio, además de numerosos instructivos y capacitaciones.

Gracias a todas las medidas implementadas como retomar la programación médica en los hospitales, gestión de los quirófanos, telesalud, mejorar la derivación desde la APS, etc., se logró disminuir los tiempos de espera y a diciembre del 2017 el 11,2% de las personas esperaba por una consulta por más de dos años. Sabemos que esto aún no es suficiente pero los avances están en la dirección correcta.

Nuestro Plan de tiempos de espera fue auditado en 2014 por CGR, en 2015 por Auditoria Ministerial y en 2017 por Contraloría General de la República  auditándose también los retrasos GES (Garantías explicitas en salud)

El GES cuenta con tiempos de oportunidad de atención señalados en la Ley y con un sistema de monitoreo a cargo de FONASA que es el SIGGES.

Llama la atención el que se señale que no existen criterios de priorización y que además se denuncien situaciones que constituyen delitos por parte de funcionarios públicos.

Estamos convencidos que los  funcionarios del Sistema Público de Salud, en su inmensa mayoría, son probos y comprometidos con el Servicio Publico por tanto, ante cualquier antecedente de delitos como los que se han mencionado, se deben realizar las denuncias al Ministerio Público pues jamás aceptamos ni aceptaremos que se vulneren los derechos de nuestros pacientes.

Tampoco creemos que, de existir estas situaciones, se pueda generalizar, pues con esto se confunde a la ciudadanía y se daña la confianza de las personas en nuestras instituciones. 

En la misma línea, nuestra administración se encontró con 400 sociedades médicas operando en hospitales públicos sin ninguna regulación y derivándose flujos financieros hacia estas sociedades privadas. 

Instalamos nuevas reglas para avanzar en probidad, eficiencia y ordenamiento del sistema, que contempla glosas presupuestarias; regulando los precios y forma de compra cuando la capacidad del sistema público se ve sobrepasada; insistimos en la probidad de la gestión a todos nuestros directivos (prueba de ello son los numerosos instructivos además de capacitaciones y seguimiento realizado).

Por primera vez, realizamos auditorias en 52 hospitales públicos con compra de servicios a Sociedades Médicas, identificando situaciones de falta de probidad, conflicto de interés, entre otras anomalías. Instruimos medidas administrativas como sumarios y planes de mejora con su respectivo seguimiento. Estos sumarios llegaron a la destitución en algunos casos como medida disciplinaria.

Como no basta con lo punitivo, incorporamos más de 3.000 especialistas a las redes asistenciales a través de los programas de devolución de sus becas de especialización y dejamos otros 4.000 en formación, lo que aumentó la producción asistencial en nuestra gestión.

En relación a la auditoria por endeudamiento de cuya información se tuvo conocimiento al final de nuestro Gobierno, se entregaron las directrices a los Servicios de Salud para responder y subsanar aquello que señalaba la Contraloría, tal como ocurría siempre que recibíamos información de esta naturaleza.

Llegando en un caso a solicitar la separación de sus funciones a la directora de un hospital donde se produjeron graves irregularidades.

Al final de nuestra gestión, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se enviaron sendos documentos  a Contraloría, entregando antecedentes  sobre gestión de listas de espera como acerca de lo relacionado a gestión financiera y contable, conteniendo copias de lo instruido a todos los Servicios de Salud desde 2014 a 2018. Nuestra gestión fue seria, por lo tanto así creemos  deber ser evaluada.

Durante nuestro Gobierno, el esfuerzo estuvo siempre en resolver inequidades en salud, en entregar dignidad a las personas más postergadas y para ello trabajamos fuertemente no solo en infraestructura, sino en la integración de la red, en la formación de especialistas, en el acceso a medicamentos, en la innovación, desarrollando telesalud y la unidad de monitoreo de quirófanos  y todo ello significó egresar a más de 9 millones de personas de la lista de espera es decir un 54,4% más que el Gobierno anterior.

Siempre estuvimos convencidos que el trabajo conjunto con los equipos de salud, entregando sentido a nuestra tarea cotidiana, avanzando en normas y nuevas reglas así como en buenas practicas,  para seguir ordenando un sistema que atiende a más del 80% de la población,  es fundamental para lograr el propósito de hacer de la salud un derecho.

Con el mismo convencimiento, implementamos los planes de mejora y seguimiento que emanaron tanto de auditorías ministeriales como de Contraloría, pues entendemos que esta Institución pretende siempre mejorar las prácticas de las Instituciones del Estado.

Con la misma fuerza y convicción  enfrentamos las brechas estructurales de nuestra gestión y transparentamos a la ciudadanía la realidad de nuestro sistema de salud, con la tranquilidad de saber que hicimos un gran esfuerzo por hacer bien las cosas.

Esperamos que las nuevas autoridades profundicen y avancen en estas líneas, sancionando a los que desprestigian al sistema público de salud si ello fuera demostrado con hechos,  confiando en que la necesidad de equidad y una mejor salud para los habitantes de nuestro país seguirá siendo lo que impere. 

Chile se construye sobre los cimientos que dejaron aquellos que vinieron antes. Ello debe reconocerse para la sana convivencia, para establecer las condiciones mínimas de diálogo, para construir un mejor futuro.

Dejamos una salud pública claramente fortalecida pero también estamos convencidos, tal como lo señalara la Presidenta Michelle Bachelet,  que “los males históricos no se resuelven en 4 años”,  por lo que el país y su sociedad deberá seguir trabajando por una mejor salud para toda  la población.