Informe de la comisión técnica sobre isapres: sin novedad en el frente

Juan Carlos Said

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La Comisión de Salud del Senado creó una comisión técnica con el siguiente mandato: hacer una propuesta que permita implementar el fallo de la Corte Suprema, sin hacer que el sistema de isapres colapse.

La respuesta de la comisión plantea tratar a las isapres como un sistema de seguridad social. Se establece que no podrá haber planes que cuesten menos del 7%, con lo cual se termina con la figura de los excedentes y se entrega más liquidez a las isapres. Además, en vez de interpretarse la deuda, producto de sobrecobros a afiliados, como una deuda individual, se la "mutualiza". Es decir, a algunas personas el cambio de tabla las perjudicó, a otras en cambio las benefició. Según este cálculo, la industria debió haber recibido por un lado 934 mil millones de pesos menos; y por otro lado, 378 mil millones más. Esa diferencia -representa para la comisión- la verdadera deuda con los afiliados, que sumada a los cambios en el 7%, se reduce entonces a 402 mil millones. El pago de esta sería en cuotas durante 10 años.

La propuesta aprovecha de reconocer problemas estructurales del sistema asegurador privado, que deben ser enfrentados. Entre ellos, la ineficiencia del sector, que en términos de gasto administrativo casi duplica el 6% que tienen otros seguros privados como las mutuales. Al mismo tiempo, reconoce que parte estructural de la crisis se relaciona con los mecanismos de pago de los seguros a los prestadores, que carecen de sistemas de pago que promuevan la eficiencia del gasto, como sería pagar por problema de salud resuelto y no sólo por cada examen de salud, este último, un mecanismo que promueve la inflación innecesaria del gasto.

Los problemas de la propuesta son varios. En una lógica de seguridad social, la propuesta tendría todo el sentido del mundo. En los sistemas de seguridad social no se reembolsa aquella parte de la cotización que no se gastó. Esa va a al fondo que financia prestaciones de otras personas que sí se enfermaron ese año. Por otra parte, la mutualización de la deuda tiene toda la lógica también, si las isapres fueran un seguro social. No obstante, los seguros tienen varios elementos que no los hacen sociales: discriminan por preexistencias y selecciona a los usuarios.

En ese sentido, el arreglo suena demasiado a "privatizar las ganancias y socializar las pérdidas". Más aún, a pesar de ser un arreglo extremadamente favorable para las isapres, como lo muestra el mismo reporte, existirían dos isapres que aún en éste, el mejor de los mundos para las aseguradoras, serían inviables. Es decir, la propuesta lograría salvar al sistema, pero no a todas las aseguradoras, generando un gran problema de salud.

¿Qué hacer? El problema -por cierto- no es de los comisionados, si no del marco de referencia de la propuesta, que debió ser otro: ¿Cómo avanzamos a otro sistema de salud que sea viable? La comisión, compuesta por personas a la derecha e izquierda del espectro político, no fue ciega a las limitaciones de su mandato y plantea que a futuro se debe "avanzar en la mancomunación de recursos de la seguridad social entre el subsistema público y privado de salud en línea con incrementar la solidaridad y equidad del sistema y avanzando en lógicas de cobertura universal".

Es decir, sin decirlo expresamente, propone en la práctica, la desaparición de las isapres, un sistema de salud consistente en seguros privados con fines de lucro, para convertirlo en una de las dos opciones que han demostrado ser viables en países desarrollados: la creación de seguros sociales privados sin fines de lucro o de un seguro nacional que integre a prestadores públicos y privados.

El intento de la comisión técnica es bueno, pero se queda corto, no por la intención de los comisionados, si no por lo limitado del mandato, que fue hacer cumplir el fallo y no proponer una reforma al sistema de financiamiento, que es lo que necesitamos.

Finalmente, la sensación de "perdonazo" que deja la propuesta, con toda probabilidad, hará que sea inviable de ser aprobada en el Congreso, con lo cual, a pesar de la comisión, estamos igual que como partimos: sin novedad en el frente.