Renuncia del Superintendente de Salud, equivocó su Misión

Ana María Arriagada

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Varios días llevamos hablando sobre el tema de las Isapres. Cuesta a ratos, entender esta maraña de conflictos de interés, confusión alimentada por diversas autoridades, que pretenden que el ciudadano acepte decisiones tan discutibles, y aberrantes, como que se trasladen fondos desde una devolución de impuestos, a un fondo de salud. Pero esa materia es demasiado complicada hoy, en que el asunto es bastante más simple.

El año 2010, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia (causa Rol 1710-10), en que dejó fuera de la ley las normas que estructuraban las tablas de factores de los planes de salud impidiendo a las Isapres subir el costo de sus planes, según la edad de sus beneficiarios. 

Esto, por atentar contra un sistema orientado - en teoría - sobre una base de seguridad social y orden público.

Sin embargo la situación de aquellos que pasaban de un tramo de “alto riesgo” a uno de “riesgo menor”, quedaron en medio de una indefinición, que desde el 2013, ha motivado miles de procesos judiciales.

Finalmente, el 18 de octubre del año 2018, la Superintendenta de Salud subrogante, Ana María Andrade, firmó la circular Nº 317, que se hace cargo de esta situación, y determinó bajar automáticamente los costos de los planes, al pasar el beneficiario de un tramo de alto riesgo, a uno menor.  Ante la apelación de las Isapres, la Superintendencia insistió en la medida.

Interrumpo este relato, porque en este punto me parece importante, saltar de la objetividad de los hechos, a la subjetividad de los valores. 

¿Qué significa esto? Pues revisar la Misión de la Superintendencia de Salud, publicada en las páginas iniciales de su Código de Ética.  Esta es la siguiente: “Proteger y promover los derechos en salud de las personas, con relación a Fonasa, Isapres y prestadores”. 

¿Qué sucedió en los días que preceden a esta columna? El 21 de marzo de este año, el superintendente recién renunciado, Ignacio García Huidobro, aplazó la medida de ajuste de costos de aquellas personas que pasen a un estrato de “menor riesgo”, por dos años. ¿Sus razones? Proteger las ganancias de las Isapres, “considerando el impacto económico de estas medidas”. 

Por lo tanto, para todos aquellos que crean que Misiones y Visiones de las instituciones están escritas “solo para el papel”, las “buenas intenciones”, o “son letra muerta”, este es un caso en que se remueve una autoridad, porque traiciona su misión. 

Esta no es otra que proteger los derechos de las personas, y no el bolsillo de las Isapres, menos aún cuando estas empresas, profundamente cuestionadas, con altísimos niveles de ganancias, y en la mira, así esperamos, de una profunda reforma que ha demorado años, y ya se hace inevitable.