Salud para todos, incluso para los discapacitados
La salud es un derecho de orden público, instrumental para garantizar el derecho a la vida, y preservar ese derecho, es fundamental para preservar el orden público. Este derecho, cobra más sentido cuando se refiere a las personas con discapacidad, pues históricamente en Chile, este universo de ciudadanos nunca ha sido prioridad para ningún Gobierno y menos aún para el Estado.
Hoy el mundo se ve enfrentado a una pandemia que está causando millones de contagiados y lo más preocupante es el número de personas fallecidas. Y Chile no es la excepción.
Durante más de 30 días hemos visto por los medios de prensa, conferencias de prensa, entrevistas, reportajes y notas de autoridades, incluyendo al Señor Presidente, dando a conocer una serie de medidas sanitarias y económicas. Medidas orientadas a la población en su conjunto, pero ninguna en relación a las personas con discapacidad.
En nuestro país viven 2.836.818 personas con discapacidad (ENDISC 2015), número que podría llegar a superar los 3.000.000 en la actualidad, y que, una vez más, ha quedado relegada a ser ignorada por las autoridades y la ciudadanía, esto queda demostrado por la nueva campaña televisiva realizada por Don Francisco en ayuda a la Teletón.
Campaña que logró el efecto deseado de “cumplir la meta”, pero al día siguiente nadie se acordó de la gran mayoría de las personas con discapacidad que se encuentran “haciendo cuarentena voluntaria u obligatoria” y que no cuentan con los recursos económicos para poder pasar este trago amargo en forma digna.
Efectivamente, no ha existido ninguna medida concreta del Gobierno para llegar a este grupo tan importante de la población. Y estas personas se encuentran angustiadas al no conocer en forma oportuna e inclusiva (lenguaje fácil o lengua de señas) las posibles medidas sanitarias o económicas que les pudiera afectar.
Evidentemente, estamos en un escenario en donde estas personas y/o sus familias tienen las legítimas preguntas ¿en caso de necesitar un ventilador mecánico, seré discriminado por mi condición de base?
¿En caso de estar contagiado, aplicarán la política de guerra?
¿Tendré opción de asistencia médica en igualdad de condiciones?
Preguntas que nadie ha reparado, que tampoco están escritas en los protocolos de ningún centro asistencial y, por ende, en la eventualidad de que surja esa necesidad de respuesta, quedará al arbitrio de un especialista que tendrá que tomar una decisión que podría ser la diferencia entre la vida o la muerte.
Seguramente, más de alguien dirá, esto es alarmista, nunca llegaremos a esto. Pero hasta el momento nadie puede asegurar que nuestro precario sistema de salud pueda resistir ante la posibilidad de tener miles y miles de contagiados, que saturaría las salas de emergencia y las camas dispuestas con ventiladores mecánicos, de tal forma, que el sistema TRIAGE que determina el orden de atención de un Servicio de Urgencia, en donde los criterios de riesgo y gravedad vayan a dictaminar que una persona con discapacidad no deba ser sometido a una atención inmediata.
¿Quién puede dar respuesta a esto?
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