Son las Isapres

El Presidente Piñera ha señalado que como parte de su “Agenda Mujer”, anunciada en cadena nacional del pasado miércoles, habrá “un alza de los precios que pagan los hombres en las Isapres”, agregando “vamos a igualar los precios para no seguir castigando a nuestras mujeres (...) los hombres van a pagar un poco más y las mujeres un poco menos”, en una frase que será recordada por su despropósito.

Convengamos que a un gobierno que no ha prometido terminar con las Isapres mal se le puede reprochar que solo busque fórmulas “dentro de la caja” para enmendar injusticias y desigualdades que afectan a las mujeres. Sin embargo, la condescendencia solo llega hasta este punto.

Es que se acaba la paciencia ciudadana cuando una política pública, so pretexto de lograr igualdad de género, tiene en los hechos como principal foco mantener la estructura de costos de uno de los negocios más lucrativos que existen Chile.

Recordemos que solo el 2017 las utilidades de las Isapres alcanzaron los 70 mil millones de pesos, según las cifras de la Superintendencia de Salud. Eso es un incremento de 40.6% respecto del año anterior, el más alto desde 2012. Esto llevó al propio ministro de Salud, Emilio Satelices, a exclamar “le pondremos el cascabel al gato”. Pues bien, ahora comenzamos a saber de qué cascabel en verdad se trataba.

Sí, porque lo que el gobierno debiera saber es que el costo de poner término a una discriminación arbitraria, como la que se incurre en el valor de los planes de salud privada de las mujeres, debe ser totalmente imputado a quien ha cometido dicha infracción, es decir a las Isapres, y no a sus usuarios, sean estos hombres o mujeres.

No se trata aquí de hacer una defensa reaccionaria en protección del bolsillo de los varones. El punto es que una discriminación injusta cometida por esas empresas -cobrar más a las mujeres por el hecho de ser tales - no puede ser remediada por un cobro adicional que termina por cargar más a los hombres para mantener serenos los balances financieros de quien ha cometido la injusticia desde el comienzo y sistemáticamente. No es aceptable cuando por décadas las Isapres se han enriquecido a costa de esa discriminación.

Por lo demás, nuestras Cortes de Apelaciones han dado señales de frenar el abuso de las Isapres consolidando en los últimos años una firme jurisprudencia que ha fallado en contra de ellas en los recursos de protección que miles de ciudadanos/as presentan por alzas unilaterales e injustificadas a los precios de sus planes de salud. Caso tras caso, las Cortes condenan a las Isapres, quienes deben entonces cargar con el reproche y retractar el alza de precio de los planes. Pero mientras no haya una reforma legal que se decida a enfrentar el problema sustantivo, los tribunales sólo pueden proteger al porcentaje de personas que acuden a ellos, con el costo que eso implica.

De fondo a esta polémica está, por cierto, la necesidad de contar con políticas públicas integrales en salud, que tengan como foco el interés ciudadano y no el de los negocios que han colonizado la materia en Chile.

Más aún, yo diría que si todo lo que las Isapres (y con ellas, el gobierno) pueden ofrecer para resolver desigualdades de base como las que afectan a la mujer es “netear" el costo entre sus usuarios, entonces lo que urge es explorar alternativas “fuera de la caja”, caja que en nuestro país resulta ser muy estrecha, además.

Como ocurre en varios países de Europa, la solución no es muy extravagante. Pasa por la creación de un Fondo Único de Salud y a partir de allí, de un Seguro Universal de Salud Pública que solidarice las cotizaciones de trabajadoras y trabajadores (el 7% que hoy va a las Isapres) con los aportes del Estado, evitando así perpetuar una salud para pobres, otra para la clase media y una exclusiva para ricos.

Desde luego, no se trata de prohibir las Isapres. Pueden seguir existiendo (no hay necesidad de afectar la libertad de empresa que tanto parece importar al gobierno), pero como seguro privado complementario, como ocurre en la mayor parte de los países en forma. ¡Somos nosotros los que tenemos la anomalía!

En un sistema público, debidamente financiado y por tanto eficaz y eficiente, solidario y no lucrativo como es el que proponemos, la pura noción de discriminación arbitraria contra las mujeres es contraintuitiva.

Lo que hay que entender es que las discriminaciones contra las mujeres en salud se explican por la estructura de ganancia de las Isapres - las que encuentran “un mal negocio” a las mujeres en edad fértil -, y mientras no haya un cambio en ese nivel sistémico, las soluciones, por muy bienintencionadas que sean (y lo estoy concediendo), repartirán su costo entre los usuarios del mismo, aunque esta vez sean de sexo contrario.

Lamentablemente, el gobierno parece más preocupado de cautelar las finanzas de las Isapres que de defender a su gente y, en particular, a las mujeres.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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