En marzo comentábamos que ya no es posible seguir con la cantinela añeja de que, cuando veíamos actos de corrupción de funcionarios públicos, asesinatos diarios en las ciudades, policías y militares procesados por robos al Estado, etc., ocurridos en otros países, solíamos decir "esto no pasa en Chile".
Un alcalde con prisión preventiva, por eventuales actos de "cohecho, fraude al Fisco, estafa y administración desleal" que le imputa la Fiscalía y, en paralelo, ese mismo Ministerio Público respalda que 5 miembros del Tren de Aragua dejen su prisión preventiva y vuelvan a sus domicilios, de los cuales, obviamente, a lo menos 3 de ellos, desaparecieron.
En este período, también, se conocen los audios entre un juez de la Corte Suprema y un dirigente político, exministro de Defensa, para que –juntos- hagan lobby por el nombramiento de notarios y otros jueces.
Y, ¿qué pasa con el abogado estrella, amigo de toda la élite transversal, que señaló, a sus "asesorados" que "aquí lo que estamos haciendo es delito". O sea, una persona que reconoce estar cometiendo delitos, involucrando a funcionarios públicos, sigue libre "de polvo y paja".
Mientras tanto, un diputado devuelve 7 millones de pesos que había gastado "su pareja" en bencina que el Estado provee a estos "servidores públicos" para hacer su tarea pero, no le pasa nada. Otro diputado lamenta que su hijo, de 3 años, haya destrozado su teléfono celular desde donde se podrían extraer las pruebas de la comisión de delitos de tráfico de influencias, en la larga lista de ONG que se robaron plata del Estado.
Más: El padre de un senador, presidente del partido más tradicional de la derecha criolla, sigue tranquilo en su casa luego de ser procesado por abuso sexual de sus nietas. Claro, pagó 150 millones de pesos para ese privilegio, al igual que los del Tren de Aragua, que pagaron 5 millones cada uno para revertir la prisión preventiva. Estos últimos se dedicaban al secuestro extorsivo y, como eran ordenados, había ahorrado plata para esta coyuntura.
En fin. Trece carabineros son detenidos por cobrar por "seguridad privada" a comerciantes del Barrio Meiggs y, en una comisaría de Quilicura, se les cae el techo de un baño, por el peso de paquetes de marihuana y otras sustancias. ¿Será en otro país esto o solo fruto de nuestra imaginación? Porque "esto no pasa en Chile".
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