El Consejo Asesor de Infraestructura Pública
La reciente propuesta para crear un consejo asesor presidencial de infraestructura pública merece una revisión crítica por su posible continuidad en la problemática centralización de funciones en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Tradicionalmente, este ministerio ha ejercido un rol predominante en la planificación, aprobación y ejecución de obras públicas, a menudo sin la debida consulta con otros entes estatales necesarios para una planificación necesaria, coherente y efectiva.
Específicamente, ministerios como Transportes, Vivienda y Salud deberían ser partes importantes en la planificación y criterios técnicos de proyectos en sus respectivas áreas, ya que son los ministerios que saben qué obras les hacen falta. La coordinación e integración de proyectos de infraestructura es más bien una tarea del Ministerio de Desarrollo Social (ex Ministerio de Planificación), relegando al MOP, al MTT y al Minvu a un rol ejecutor y de control que garantice la alineación de estas obras con las estrategias de desarrollo territorial y las necesidades específicas.
La estructura propuesta para este nuevo Consejo ignora la existencia de organismos como el Fondo de Infraestructura (hoy Desarrollo País), el Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, el Consejo de Concesiones MOP y el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (exCNDU), que ya llevan a cabo funciones similares de planificación, diagnóstico y revisión de políticas, planes y proyectos de infraestructura.
La estructura pareciera dar esteroides a la promoción de infraestructuras inconexas de las necesidades del Estado, motivo por el que ni siquiera se considera que participen los ministerios de transportes, vivienda y salud, siendo que las principales obras realizadas por el MOP están en las áreas de transporte y salud. Lo que deja de manifiesto que el foco está en la inversión financiera, el negocio privado y no en las infraestructuras que se requieren en el país.
Además, el modelo propuesto, que establece un consejo que reporta directamente al Presidente de la República, intensifica el centralismo presidencial en la gestión de políticas públicas, en vez de fomentar estructuras más democráticas y colaborativas. Sería más efectivo crear plataformas interinstitucionales que faciliten la integración entre los diferentes ministerios y entidades del Estado transversalmente, asegurando que la planificación de infraestructura pública sea participativa y representativa, reflejando verdaderamente las necesidades de la sociedad priorizadas por las instituciones del Estado. El consejo propuesto deja en manos de cinco personas ajenas al Estado estas tareas.
Un aspecto crítico de la gestión de infraestructuras en Chile ha sido la priorización de proyectos que, aunque rentables desde una perspectiva privada, no necesariamente responden a las necesidades de la población. Históricamente, el MOP ha favorecido proyectos grandes y lucrativos, beneficiando principalmente a entidades privadas en el negocio de las obras o en el negocio del suelo, en lugar de enfocarse en proyectos de alta rentabilidad social que verdaderamente mejoren la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.
Es esencial que cualquier nueva estructura creada para la planificación de infraestructura pública priorice el desarrollo sostenible. Esto significa no solo considerar los impactos ambientales, sino también integrar de manera efectiva las necesidades sociales y económicas de todas las regiones del país, utilizando los recursos públicos de manera equitativa y eficiente.
La propuesta del Consejo Asesor de Infraestructura Pública necesita una revisión profunda para asegurar que contribuya de manera efectiva a la mejora de la infraestructura pública en Chile. Debe evolucionar hacia un modelo que promueva la coordinación y colaboración transversal entre todos los entes del Estado, asegurando que las inversiones en infraestructura pública respondan a una planificación estratégica y a las necesidades reales del Estado, y no a las del gremio del cemento.
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