Vivir en comunidad: un desafío cada vez más complejo
Desde el año 2022, con la promulgación de la nueva Ley de Copropiedad, se dio un paso significativo en la actualización de las normas que regulan los ámbitos urbanísticos y de convivencia en los condominios. Se trata de una materia de especial relevancia si consideramos que un porcentaje importante de la población vive bajo este régimen, el cual forma parte estructural de la planificación y desarrollo de nuestras ciudades.
La historia legislativa en esta materia muestra avances sostenidos en el tiempo, desde la primera normativa sobre venta por pisos -Ley N.º 6.071- que comenzó a regular las nuevas formas de construcción y organización del espacio urbano. La evolución normativa responde a una transformación profunda en la manera en que habitamos: hoy, vivir en comunidad no es una excepción, sino una realidad cotidiana para millones de personas.
En un contexto donde la ciudadanía exige cada vez mayores respuestas del Estado en distintos ámbitos de la vida social, la nueva institucionalidad asociada al régimen de copropiedad representa un avance relevante. Esta estructura busca otorgar mayor certeza jurídica a los distintos actores que intervienen en la vida en condominio: organismos públicos, administradores y copropietarios. Sin embargo, ninguna normativa es suficiente si no va acompañada de un compromiso efectivo por parte de quienes habitan estos espacios.
La responsabilidad de quienes habitan el condominio
La vida en comunidad implica responsabilidades de diversa índole y escala. No se trata únicamente del cumplimiento formal de obligaciones legales, sino de asumir que el bienestar individual está directamente vinculado al comportamiento colectivo. Quienes viven en condominios comparten bienes, espacios y decisiones, y deben enfrentar de manera conjunta los desafíos propios de la convivencia.
Los conflictos al interior de los condominios no son desconocidos: deudas elevadas por gastos comunes, deterioro de bienes comunes por falta de mantención, tensiones derivadas del uso indebido de espacios compartidos, entre otros. Estas situaciones no surgen de manera aislada, sino que responden, en muchos casos, al incumplimiento de obligaciones básicas por parte de algunos residentes.
La Ley de Copropiedad establece con claridad las responsabilidades de los organismos públicos y de los administradores, pero también -y de manera muy significativa- las de los copropietarios y residentes. Son estos últimos quienes tienen la responsabilidad directa sobre su unidad y, en conjunto, sobre los bienes comunes. El incumplimiento en el pago de gastos comunes, por ejemplo, no solo afecta la gestión financiera del condominio, sino que repercute en la calidad de vida de toda la comunidad.
El deterioro o la falta de mantención de elementos esenciales -como ascensores, sistemas eléctricos o instalaciones sanitarias- exige financiamiento colectivo. Cuando algunos no cumplen con sus obligaciones, trasladan el costo al resto y comprometen el funcionamiento óptimo de los servicios que garantizan seguridad y bienestar. A largo plazo, las consecuencias alcanzan incluso a quienes inicialmente eludieron sus deberes.
Vivir en condominio supone comprender que la propiedad individual está indisolublemente ligada a una copropiedad. Cuidar los bienes comunes, respetar los reglamentos de copropiedad, cumplir con las obligaciones económicas y participar activamente en la vida comunitaria no son gestos voluntarios, sino deberes inherentes a esta forma de habitar.
Si cada residente asume su rol con responsabilidad, no solo se previenen conflictos y deterioros materiales; también se fortalecen la confianza, el respeto y la cohesión social. En definitiva, la calidad de vida en comunidad depende, en gran medida, de la conciencia y compromiso de quienes la conforman.
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