El Consejo de Defensa del Estado presentó, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, una querella contra el líder de la fundación ProCultura, Alberto Larraín, a propósito de un millonario desvío de fondos que le asignó el Gobierno Regional Metropolitano para llevar adelante un programa de prevención del suicidio.
La acción legal se dirige contra Larraín, fundador y director ejecutivo de ProCultura; contra la representante legal María Constanza Gómez y, en tercer lugar, "contra todos aquellos que resulten responsables por la comisión del delito de distracción indebida de fondos, (...) sin perjuicio de todos aquellos ilícitos que puedan surgir durante la investigación de los hechos", tales como malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible y cohecho.
La querella recuerda que la polémica fundación recibió 1.683 millones 788 mil pesos del GORE Metropolitano "con el destino y uso exclusivo de solventar el proyecto 'Quédate', para la prevención del suicidio", pero acusa que, finalmente, "distrajo una parte importante de este dinero".
De hecho, "el mismo día en que el Gobierno Regional Metropolitano transfirió la cantidad de $1.683.788.000 a la cuenta corriente de Fundación Procultura, esto es, el 9 de noviembre de 2022, (en) la fundación, bajo la dirección de los querellados Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz, comenzó a darse un uso distinto del previsto (...) al dinero, (pese a) que (legalmente) podía utilizarse exclusivamente en la ejecución del proyecto".
ProCultura actuó "utilizándolo indebidamente, lo que significó separarlo de su objeto convenido", y "este desvío de finalidad impidió la correcta ejecución del proyecto y vulneró la obligación contractual de la fundación de mantener los recursos disponibles y restituirlos inmediatamente al Gobierno Regional si así lo requería".
En efecto, cuando debido a incumplimientos y falta de rendición el GORE declaró el término anticipado del convenio y exigió la restitución de los dineros, ProCultura simplemente no lo hizo y hasta el día de hoy no lo ha hecho: "El perjuicio patrimonial causado al Estado de Chile asciende a la suma de $1.015.283.548", detalla la querella.
A juicio del CDE, Larraín y Gómez "desviaron dolosamente los caudales entregados en administración por el Gobierno Regional", y les cabe responsabilidad como coautores del delito antes descrito.
El libelo solicita varias diligencias, entre ellas el chequeo de los bienes raíces y los vehículos motorizados de ambos imputados.
Querellas presentadas ante tribunales de Concepción, Valparaíso y Chillán
La acción también fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Concepción, por la distracción de recursos públicos entregadas a la fundación en marco de convenios de transferencia con el GORE del Biobío.
Además, se presentó otras querellas en el Juzgado de Garantía de Valparaíso y Chillán, por el delito de fraude al Fisco, en la suscripción de convenios de transferencia de recursos entre la fundación y la Seremi de Minvu, Serviu de Valparaíso y el GORE de Ñuble. Dichos convenios estaban destinados a proyectos vinculados a un programa de asentamiento precarios, en Valparaíso, y el proyecto "Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro binacional Ñuble".
"Como institución hemos mantenido una labor constante de estudio y análisis en aquellos asuntos referidos a convenios de transferencia de recursos públicos entre organismos del Estado y la mencionada Fundación, tanto desde la perspectiva penal como civil, a fin de resguardar los recursos fiscales que nos pertenecen a todos los chilenos", dijo el presidente del CDE, Raúl Letelier.
Exclusión del GORE en la causa
En la querella (ver archivo adjunto), el abogado Marcelo Chandía Peña asume personalmente el patrocinio de la causa y solicita cesar la participación del GORE.
"Siendo el CDE el organismo público encargado de la defensa judicial de los intereses del Estado y del Fisco, habiéndose ocasionado perjuicios económicos al patrimonio público, habiéndose ejercido la acción penal por parte de este Consejo, corresponde declarar el cese de la representación actual del Gobierno Regional de Santiago, pues en este acto el CDE asume la representación de la víctima mediante la interposición de la presente querella", indica.
