El derecho a la protección de sus datos personales

Con 30 años de retraso, Chile ha incorporado un nuevo derecho constitucional, la protección de datos personales. 

En medio de la cuarta revolución industrial y el pleno desarrollo de la economía digital (basada en el almacenamiento, tratamiento y categorización de millones de datos), resulta indispensable que las sociedades asuman la existencia de un nuevo tipo de personalidad, la personalidad virtual.

Se quiera o no, hoy la red permite conocer y relacionar personas, ubicarlas en tiempo y espacio, segmentarlas por sus gustos, patrones de consumo o preferencias. Todo ello deriva de sistemas tecnológicos basados en el tratamiento de datos. Sí, de sus datos.    

Lo anterior parece inocuo si no se conocen los nefastos efectos que puede producir un mal tratamiento o el uso abusivo de dicha información. No es casualidad que estudios mundiales nos recuerden que en 2017 se invirtieron 80 mil millones de dólares en mecanismos de prevención de fraudes virtuales o cibercrimen.

Y, para el horizonte de 2020, los expertos apuntan a que la cifra podría ser 2,5 veces mayor. Mientras, la recientemente publicada Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), nos advierte del constante incremento de los delitos informáticos o fraudes. 

En nuestro país se debe asumir esta nueva realidad. Lo despachado esta semana por el Congreso Nacional nos otorga un marco constitucional que permitirá circunscribir toda la normativa legal a este nuevo derecho.

A partir de ahora, todas las personas tendrán derecho a la autodeterminación informativa y podrán exigirla a través del recurso de protección. No obstante, estamos ante el primer paso - y el más difícil -, para adecuar nuestra legislación a esta nueva realidad. El texto aprobado deja al dominio legal tanto la institucionalidad encargada como la forma en que ésta dará la protección.

Así, su pronta promulgación será plenamente coherente con el proyecto de ley que discutimos en la comisión de Constitución del Senado, el cual constituye una respuesta adecuada y equilibrada para proteger los datos personales y propender al desarrollo de la industria de servicios globales, asumiendo la nueva realidad tecnológica y los desafíos que la ciencia depara. 

Hoy, Chile exporta aproximadamente U$1.200 millones en servicios tecnológicos, y sus empresas acrecientan su valor, en función del correcto tratamiento de los datos personales. Como contrapartida, un importante número de negocios no se puede desarrollar, ya que la comunidad europea nos considera un “país no adecuado”, dadas nuestras falencias legislativas. 

Por ello, una buena y pronta regulación legal será un avance para el desarrollo de la industria de datos, pero también constituirá un marco jurídico adecuado para dar la debida protección a todas las personas frente al mal uso de sus datos personales.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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