Una nueva cuenta pública ha pasado y con ella todos los “tras bambalinas” que adornan la jornada. Aplausos pauteados, barra acarreada por el senador local y un presidente incómodo con un telepronter “obstructivo” que a ratos mereció ser tildado de “antipatriota”, por no seguir el ritmo del primer mandatario.
En el contenido, se observa con preocupación que la cuenta tiene poco de cuenta y más de ofertones programáticos. Poco o nada se dijo sobre la caída en las expectativas económicas, la disminución constante de las proyecciones de crecimiento, el aumento del desempleo, la caída en el ranking mundial de competitividad o el récord de femicidios y portonazos en lo que va del año.
Ni una palabra sobre la crisis policial, los sucesivos cambios de mando y el llamado a retiro de más de 30 generales en dicha institución; la delicada situación del alto mando del Ejército y sobre casi ingobernable “conflicto de la Araucanía”, que pone en jaque el proceso de consulta indígena.
No se rindió cuenta respecto de las reasignaciones presupuestarias y la bajísima ejecución de presupuesto llevada a cabo por algunos servicios públicos como vialidad, concesiones y algunos gobiernos regionales.
El 2018 no faltaron recursos, faltaron capacidades para un mejor gobierno que invirtiera bien los dineros aprobados por el Congreso, puesto que se licitaron concesiones por U$691 millones, muy por debajo del promedio de los últimos cinco años.
Este ejemplo resulta relevante, ya que la ejecución de obras de infraestructura constituye un impulso relevante a la actividad económica nacional y local, por la mano de obra que se debe contratar y el fierro, cemento y materiales que se pueden comprar en los territorios donde deben ejecutarse las obras.
Así las cosas, el MOP durante 2018 no fue el motor de la recuperación económica, y por eso seguimos estancados económicamente y con perspectivas no muy superiores.
Respecto de los nuevos proyectos, llama la atención la falta de capacidad investigativa de algunos medios de comunicación. Entre aplausos (programados) se anunciaron decenas de consultorios, hospitales, embalses, parques e incluso proyectos ferroviarios como un gran impulso a la reactivación económica.
Pues bien, su gran mayoría corresponde a proyectos de arrastre, es decir, proyectos aprobados, licitados e incluso adjudicados bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Es decir, muy poca obra nueva.
Llamó la atención también que, cuando el presidente se refirió a la reforma a las pensiones, hubo aplausos en el público del Congreso; pero cuando hizo mención a la reforma a las Isapres, el auditorio casi se vino abajo, lo que demuestra que el público al que le hablaba era parte del 15% de los chilenos y chilenas que pertenecen al sistema privado de salud, y no al 85% que se atiende en Fonasa y que requiere medidas urgentes.
Finalmente, para hacer frente a la caída en su evaluación, el presidente, hábil, como buen especulador de bolsa, sacó un conejo bajo la manga y anunció el fin a la reelección de alcaldes y parlamentarios y reducción al número de estos últimos.
Era que no, sacar al pizarrón su caballito de batalla de disminuir a los culpables de todo y así soterradamente volver al binominal, permitiéndole salir de la polémica de sus hijos, que le dio en la línea de flotación y poner a los ciudadanos, medios y políticos a discutir sobre tan popular medida.
Hoy sólo se habla de eso y de las bondades de reducir el parlamento. Dos pájaros de un tiro. Por un lado, queda bien ante la opinión pública (aunque sabe que es muy poco viable) y por otro, reorienta la discusión de los medios desde sus problemas familiares, bajo rendimiento económico y aumento en la violencia, hacia el linchamiento necesario al parlamento y sus integrantes.
Espero que en lo sucesivo, las cuentas públicas vuelvan a su sentido original, cuando Emiliano Figueroa o Arturo Alessandri concurrían al Parlamento y rendían cuenta de lo hecho durante su año anterior y, más allá de las diferencias, no se denostaba a la institución democrática del parlamento, ya que tenían conciencia de la necesidad de preservar el espíritu de la separación y respeto de los diferentes poderes del Estado, como condición indispensable del Estado de derecho en un sistema republicano.
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