En nuestro país al menos unas 200 mil personas son celíacas, es decir, no pueden consumir alimentos que contengan gluten (trigo, cebada, avena y centeno). Hasta ahora no era una obligación su etiquetado, por lo que claramente el que se incluya el sello de la espiga tachada en aquellos productos libres de esta proteína contribuirá no sólo a prevenir la contaminación cruzada, sino también a mejorar el acceso a la información, sin embargo, para verificar que este tipo de políticas públicas y otras tengan los resultados esperados se requiere dar un paso más: el análisis y tratamiento de datos precisos haciendo uso de la interoperabilidad, es decir, con certeza jurídica de esos actos.
Por ejemplo, en el ámbito de iniciativas sobre el acceso a la información, si bien la Ley de Etiquetado de los Alimentos, promulgada en 2012, ha regulado este derecho respecto del contenido calórico y de azúcares, entre otros aspectos, buscando proteger a los niños y adolescentes de la publicidad de alimentos "ALTOS EN" nutrientes relacionados con la obesidad y otras enfermedades no transmisibles, nuestros niños siguen siendo obesos y los estudios lo dicen.
De acuerdo a la Encuesta de Vulnerabilidad Junaeb 2020, el 54% de los estudiantes consultados se encontraba en el grupo de sobrepeso y obesidad, mientras el nivel que sobrepasó a todos los otros cursos con la mayor prevalencia de obesidad total fue kínder.
Este último dato me parece tremendamente grave y preocupante, y me confirma la urgente necesidad de introducir mejoras a las políticas públicas en materia de salud con ayuda de la interoperabilidad y del uso de inteligencia artificial para el intercambio y tratamiento de la información, ello, de manera coherente, sin que se pierda su significado.
¿Cuántos niños obesos se proyectan en Chile en la próxima década? ¿Qué enfermedades prevalecen más en determinada zona y región del país? ¿Qué patologías que están en el AUGE se podrían reclasificar? ¿En qué grupo etario se requiere focalizar el tratamiento del cáncer? Etcétera. Son todas preguntas que pueden ser resueltas con el correcto intercambio y manejo de cifras.
Otro ejemplo a propósito de los alarmantes datos de obesidad escolar es cómo poder llevar el control de estatura y peso en colegios con alimentación Junaeb, para comprobar si los objetivos trazados se cumplen. Es importante recalcar que la interoperabilidad trabaja con datos de menores de edad anonimizados, por lo tanto, se vela por su uso responsable y protegido.
Es así como múltiples parámetros son posibles de evaluar e incidir en los actuales y futuros programas y planes en beneficio de la comunidad.
Para este tema, he trabajado la idea de una "Infraestructura Integrada de Datos" junto a profesionales del Laboratorio de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y de universidades del consorcio formado para apoyar esta iniciativa y que son parte del comité asesor ministerial de datos de interés público creado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cuyo decreto tomó razón la Contraloría de la República a fines de junio.
Las primeras conclusiones apuntan a que su alcance es factible y será muy útil para el desarrollo de políticas públicas basada en datos y no en encuestas. La interoperabilidad tiene un potencial tremendo y sus beneficios son comprobables. En el fondo, es sacar el máximo provecho a los datos, bajo el principio de solicitarlos una sola vez para su almacenaje y correcto tratamiento. Es hora de que los gobiernos, sin importar el color político, hagan suyo este desafío pues necesitamos avanzar hacia una república digital donde cada ciudadano se relacione digitalmente con el Estado, ya que ése es el gran futuro que nos espera si aspiramos a convertirnos en un país desarrollado.
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