Consejo de Monumentos Nacionales, una reforma impostergable

Sergio Gahona Salazar

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El Gobierno del Presidente Gabriel Boric, contra todo pronóstico, ha ido instalando como preocupación principal el desarrollo económico del país y el potenciamiento de la inversión internacional. Prueba de esto es que en mayo de este año anunció la creación de un nuevo fast track legislativo destinado, principalmente, a 21 proyectos de ley ligados al crecimiento económico, el proceso social y la responsabilidad fiscal.

Mas allá de que se pueda o no estar de acuerdo con la creación de un nuevo fast track -pues no solo entra en competencia al establecido en materia de seguridad-, aún contiene proyectos que vienen de la tramitación de las presidencias anteriores de las corporaciones legislativas. Por ello, es importante considerar lo siguiente.

Dentro de la enumeración formulada en ese entonces, figura como parte del listado de proyectos legislativos a priorizar la presentación de las indicaciones sustitutivas a la ley de Patrimonio Cultural. Sin embargo, habiendo sido realizado el anuncio en mayo de este año, ya casi iniciado agosto aún no tenemos pronunciamientos al respecto.

El problema no es menor, ya que hoy tenemos una institución ineficiente, carente de gestión y que se sesiona una o dos veces al mes para ver una serie de situaciones sin dar abasto, y que no cuenta con ninguna facultad regional, dificultando el empoderamiento de las regiones.

Sin perjuicio de ello, el proyecto de ley de Patrimonio Cultural que fue presentado en junio de 2019 terminó su primer trámite en marzo del año 2022, y se encuentra en la Comisión de Cultura del Senado. Actualmente, a la espera de las mencionadas indicaciones, desde mayo del año pasado. Por lo anterior, no cabe sino preguntarse qué tan prioritario será para el Ejecutivo la reforma de esta institución.

Dicho lo anterior, cabe precisar que a través de los medios de comunicación se han presentado ciertos resultados preliminares del trabajo, que sin duda dan luces de un debate bastante interesante a desarrollarse en el Senado. Por ejemplo, la creación de Consejos Patrimoniales Regionales como una manera de descentralizar la institución o la incorporación de categorías de protección nuevas a las ya existentes que, suponemos, tendrán la especificidad suficiente para acotar el espectro.

Sin embargo, otro aspecto relevante a zanjar es la potestad del Consejo de Monumentos Nacionales en cuanto a la calificación de los hallazgos para resolver adecuadamente la intervención y paralización de obras sobre la base de criterios de pertinencia, relevancia y proporcionalidad. Por otra parte, es clave que los hallazgos arqueológicos, como por ejemplo el descubrimiento de osamentas prehispánicas en el sitio El Olivar en la ciudad de La Serena, sean puestos en valor y no suceda lo que hasta ahora, donde solo están almacenados sin determinar formas de ponerlos en valor patrimonial, lo que ha provocado un retraso por años en las obras de ampliación de la Ruta 5 -entre La Serena y Vallenar-, perjudicando a un vasto sector de la población de La Serena con atochamientos, pérdidas económicas y de tiempo diariamente para miles de ciudadanos.

Finalmente, es importante que el Ejecutivo le asigne a esta materia la relevancia que merece. La reforma del Consejo de Monumentos Nacionales es imperativa, no podemos seguir postergando lo impostergable. Al final, los únicos y grandes perjudicados son las chilenas y chilenos.